Los inversores aceptan de nuevo que el negocio inmobiliario puede ser rentable y no necesariamente tiene que estar vinculado a burbujas que luego estallan. Si bien no parece que la mejora del panorama para las sociedades vinculadas a esa actividad, que cuenta ya con muchos meses acumulados, suponga una vuelta al boom anterior.

Un reflejo de esta coyuntura es el aumento de las sociedades de inversión inmobiliaria (socimis) que pasan a cotizar al Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Las previsiones apuntan a que se duplicará el numero de estas firmas en los próximos meses en el citado mercado para alcanzar una cifra en el entorno de las 60. Se están tramitando muchos expedientes, se señala desde Armabex, asesores registrados para dar los pasos necesarios, que son además complejos, para salir a cotizar. Ya en 2016 las incorporaciones aumentaron un 75% respecto al año anterior.

Casi un 70% de las socimis han sido promovidas por fondos extranjeros, que utilizan este vehículo para tomar posiciones en el mercado español; en el entorno del 12% son de origen familiar. La family office también constituyen estas sociedades con las que se benefician en el tratamiento fiscal.

Madrid y Barcelona son las ubicaciones preferidas por los gestores para adquirir inmuebles, mientras que los activos favoritos son las oficinas, pero también en viviendas para alquiler. En general hay una tendencia a la especialización, y las que cuentan con gestores más profesionales focalizan sus inversiones en logística, hoteles o centros comerciales.

Quizá la ventaja más global de este proceso es la aportación de transparencia al negocio, aspecto importante para atraer inversores y financiación. Conlleva la valoración de los activos, las auditorias, el análisis de los riesgos, entre otros trámites para poder lograr la luz verde de las autoridades supervisoras de los mercados bursátiles. Y para el conjunto del sector está sirviendo, según Amabex, para dar más dimensión a una actividad que está aún muy atomizada.

Uno de los requisitos es tener al menos un capital social por 5 millones de euros y fijar un pay-out (porcentaje de los beneficios que se destina a dividendos) del 80%. Asimismo, el 80% de los ingresos deben provenir del alquiler de patrimonio urbano.