Doña prisa y su hermana rapidez no existen para sus señorías. Para demostrarlo, han convenido prolongar una semana más el paréntesis vacacional de la pasión de Cristo (La bandera del Reino de España sigue a media asta para ellos), de modo que podemos decir que la urgencia en aprobar el Presupuesto del Estado para este año era una falacia. El calendario de tramitación concede a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, dos semanas más de plazo para negociar el voto favorable del PNV y del diputado de Nueva Canaria antes del debate de totalidad que tendrá lugar los días 3 y 4 de mayo. Los vascos quieren que el presidente Mariano Rajoy se implique personalmente en la negociación, pero él sigue renuente. No quiere pillarse los dedos y transferir el dolor a 2018. Lógico.

Tras esta semana de asueto parlamentario se celebrarán las comparecencias de los altos cargos (del 24 al 28 de abril) y después del debate de totalidad, la comisión de Presupuestos empleará todo el mes de mayo en los debates de las enmiendas. Finalmente, se aprobarán el 1 de julio y se enviarán al Senado a repetir el trámite, con lo que habrá transcurrido el primer semestre del año y, acto seguido, el ministro Montoro declarará «no disponibles» las partidas que considere conveniente, apelando al límite de gasto. Es la técnica habitual. De modo que ya sabemos que ni la urgencia es urgente ni las cuentas del Reino son reales. O dicho de otro modo: en política nada es lo que parece y lo que parece no es.

Siguiendo con el relato de las felonías, me cuenta el diputado Anxo Fernández que don dispendio y doña desidia se han apoderado del torreón y el conjunto de edificios de interés histórico-artístico que componen el Pazo Goiáns, en A Coruña, en cuya compra gastó el Gobierno cuatro millones de euros en 2010. ¿Por qué y para qué, si esos bienes del Patrimonio Histórico español siguen en un lamentable estado de abandono y empiezan a caerse por los suelos? Desde el Gobierno (Ministerio de Educación y Cultura) dicen que la reparación y conservación corresponde al Ayuntamiento de Boiro y a la Xunta de Galicia, y desde esas instituciones afirman lo contrario. Menos mal que todos se autotitulan «conservadores».

Otro diputado con laboriosa reputación, cual es Ricardo Sixto, me presenta a don desinterés y constata su gran influencia sobre los responsables del Ministerio de Defensa a la hora de cubrir la plaza de archivero del Archivo General de la Marina Española, en el Palacio del Marqués de Santa Cruz, en la localidad de El Viso del Marqués (Ciudad Real). Por esa razón mantienen cerrado a cal y canto desde hace mucho tiempo el centro documental de la Armada, de excepcional importancia para los estudiosos, historiadores e investigadores. Dice la ministra María Dolores de Cospedal que «en los últimos años, sólo en una ocasión, y procedente de la Oferta de Empleo Público, se cubrió durante un año, aproximadamente, el puesto de facultativo de archivos, que volvió a quedar vacante». Y argumenta que ningún funcionario quiere ir allí «porque el archivo está alejado de núcleos urbanos importantes». Insólito parece en un país con tan alta tasa de desempleo.

De la felonía y sus primas la indiferencia y la dejadez en el Ministerio de Empleo, del que es titular Fátima Báñez, hablan los diputados socialistas malagueños Begoña Tundidor y Miguel Ángel Herendia. Resulta que los sindicatos CCOO y UGT renunciaron a un solar en Málaga para que se destine a la construcción de residencias para jóvenes universitarios, con la condición de que los precios fuesen asequibles, o sea, bajos. Y así lo firmaron con la ministra Bañez. Pero ahora, ante la sorpresa de que esa condición social no aparece en los pliegos de adjudicación del terreno, la ministra se desentiende y dice que «el uso final» no es materia propia del pliego de la subasta y que depende de la normativa urbanística y de «la libertad de empresa». Edificante.