El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, figura entre los altos cargos más optimistas de cuantos están desfilando estos días por el Congreso para explicar los Presupuestos de sus departamentos. Burgos asegura que «2017 será el año de la inflexión en el déficit» al que la crisis económica ha arrastrado al sistema de pensiones hasta dejar in albis el fondo de reserva (de 67.000 a 15.000 millones en la actualidad). Sus explicaciones contienen tan pocas razones para el optimismo que acaso podamos pensar que este hombre es optimista porque no parece de mucha utilidad ser cualquier otra cosa, que diría Churchill. Desde luego, cerrar el ejercicio de 2016 con 19.000 millones de euros de déficit, y salvar el 2017 apelando a un préstamo de 10.190 millones porque en la hucha de la Seguridad Social sólo quedan 15.000 millones, se podría considerar un éxito si la situación no fuera tan buena como la pintan.

Los 144.000 millones destinados a las pensiones contributivas de 9,5 millones de jubilados que han cotizado toda su vida laboral, y a los que hay que unir el medio millón que no han podido cotizar y cobran la no contributiva no se podrían pagar sin la transferencia del Estado, el préstamo mencionado y los últimos dineros de la hucha. A Burgos le llovieron chuzos de punta de las portavoces de la oposición, la podemita Aina Vidal, que le tachó de «irresponsable» y le acusó de «falsear el Presupuesto», ocultando los desfases año tras año, y la socialista catalana Merce Perea, que le restregó un fallo de tanto bulto como el de presupuestar unos ingresos por cotización de 117.000 millones de euros y acabar ingresando 103.250 millones. Es lo que ha ocurrido en el ejercicio de 2016. Y según Perea, «los ingresos vuelven a estar sobrevalorados» en las cuestas de 2017, en las que el déficit alcanza 1,4 puntos del PIB.

Puesto que el principal y casi único argumento del Gobierno de Mariano Rajoy, en minoría, estriba en la mejoría económica y el crecimiento del empleo, tampoco iba Burgos a desdeñar el crecimiento del 4,34% de la afiliación de trabajadores al régimen general para mostrarse optimista y esperanzado en abandonar los números rojos. Su compañera y correligionaria, Carolina España, añadió que los ingresos de las cotizaciones crecen al 5% y, superada la «herencia envenenada, hemos alcanzado la velocidad de crucero». Se ufanó la portavoz del PP de ampliar los permisos retribuidos por maternidad y paternidad y de que unas 40.000 mujeres jubiladas que fueran madres en sus años mozos vayan a tener ahora un aumento del 15% de su pensión, unos 50 euros de media al mes.

Para la oposición, ni con un incremento de 604.000 afiliados, como el registrado en 2016, ni con el aumento de los ingresos por cotización se podrá conseguir el equilibrio del sistema. La causa principal radica, según las portavoces de Podemos y el PSOE en una reforma laboral centrada únicamente en el incremento de la transferencia de la renta del trabajo al capital, con la abundancia de fórmulas contractuales genéricamente llamadas «contratos basura» y últimamente «personal uberizado». Por lo demás ya se sabe que la subida de las pensiones es de 0,25% cuando la inflación prevista se cifra este año en el 1,5%.

Con todo, Burgos tuvo un detalle de honradez intelectual al reconocer que para llegar a una situación como la de 2007 habrá que remontarse al 2021 en términos de recuperación del empleo. Otro detalle de interés fue su anuncio de acabar con los descuentos y «tarifas planas» en la cotización para fomentar el emprendimiento y la contratación. Su planteamiento pasa por sustituir esos descuentos por unas «bonificaciones» que tendría que pagar el Servicio Público de Empleo (SEPE), con lo evitaría el descenso de los ingresos del sistema. Sin embargo, la solución de fondo sigue pendiente. Y a la cuestión del «tente mientras cobro», es decir, «mientras convoco elecciones anticipadas», que planteó la socialista Perea, Burgos no se molestó en contestar. Lógico. No es de su competencia. La corrupción política, tampoco.