Cuando desde todos los foros internacionales e instituciones nacionales, el último el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, animan a España a seguir adelante con todas las reformas anunciadas, una de las más destacadas por todos la de las pensiones, el Congreso se dispone este jueves a iniciar el trámite parlamentario para aprobarla definitivamente, tres meses después de haber sido consensuada con los agentes sociales.

Como en todos los proyectos de ley, el primer trámite parlamentario será analizar las enmiendas a la totalidad, que con respecto a la reforma de las pensiones han sido presentadas por los nacionalistas gallegos del BNG, por ERC, IU-ICV y el UPyD de Rosa Díez. Todo parece indicar que en esta materia PSOE, CiU, PNV y CC mantienen los pactos previos a las elecciones del 22-M, por lo que dichas enmiendas serán rechazadas.

Por su parte, el PP que ya se abstuvo en la votación del documento con las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo parece que también se abstendrá, aunque ya ha advertido que presentará un gran número de enmiendas para modificar en lo posible algunos aspectos con los que no está de acuerdo, incluida la edad de jubilación, que es la medida más polémica que contiene el proyecto de ley, al ampliar dicha edad a los 67 años.

En las filas populares parece preocupar más, en estos momentos, la congelación de las pensiones. Justo un día antes de la votación a las enmiendas a la totalidad, el portavoz del PP, Tomás Burgos, lanzaba un mensaje al ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, pidiéndole que “antes de que deje el Gobierno corrija las funestas consecuencias de la congelación de las pensiones de seis millones de jubilados. Burgos hacía hincapié en la pérdida de poder adquisitivo (“la mayor en décadas”) de este colectivo ante la escalada de la inflación.

Ante esta petición, Gómez le contestó durante la sesión de control al Gobierno que “si en el futuro la situación lo permite», el Gobierno hará el «esfuerzo» que el PP “nunca hizo durante su etapa de Gobierno”, recordándole que cuando los populares gobernaron las pensiones solo crecieron un 7,5%, frente al 27% en que han subido entre 2004 y 2010.

Todos los grupos políticos acordaron aplazar el inicio del trámite parlamentario de la reforma de las pensiones hasta después de las elecciones autonómicas y locales del 22 de mayo para no interferir. Los pactos alcanzados con anterioridad parece ser que serán respetados por todos los grupos parlamentarios, al menos en esta reforma. Otra cosa será lo que ocurra con los Presupuestos Generales del Estado de 2012, o cualquiera de las leyes pendientes de ser aprobadas.

Precisamente, el acuerdo favorable de los nacionalistas catalanes respecto a la reforma de las pensiones fue cerrado el 28 de enero, tras aceptar el grupo socialista que las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo incluyeran un “incremento flexible y progresivo” de la edad de jubilación, la clave en la que se basó el posterior acuerdo con sindicatos y patronal en el denominado Acuerdo Social y Económico.

De seguir los plazos previstos, la reforma podría estar aprobada antes del verano, aunque también es cierto que su aprobación no es urgente dado que la idea del Gobierno es que todos los cambios previstos comiencen a aplicarse a partir de 2013, sobre todo en lo que se refiere a la ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años. El proyecto de ley prevé incrementar a lo largo de 15 años el paso progresivo de los 65 a los 67, ya que no será hasta 2027 cuando esa edad sea efectiva.

Otra de las medidas más importantes que contiene la reforma es aumentar el periodo de cálculo de la pensión de 15 a 25 años, además de exigir que se hayan cotizado 37 años, en lugar de los 35 años actuales, para tener derecho al cien por cien de la pensión.

Las enmiendas a la totalidad se basan en que no se comparten los criterios que han dado origen a los cambios. Así, ERC cree que “se ha metido miedo” a los ciudadanos asegurando que el sistema público de pensiones no va a ser viable financieramente, cuando está garantizado hasta 2023 y, es de suponer, que la situación económica mejorará, mientras el sistema continúa teniendo superávit pese a la crisis. Los nacionalistas de ERC hasta consideran que se compromete el carácter público del sistema de pensiones.

Por su parte, los diputados de IU creen que se atenta contra los derechos sociales adquiridos después de muchos años, además de que se reducirán las pensiones “de manera brutal” y supone la “ruptura” del sistema público de pensiones.

Para los nacionalistas gallegos, pese al acuerdo con los agentes sociales, la reforma no cuenta con el “consenso necesario”, mientras asegura que su necesidad se basa en “medias verdades y ocultaciones” con los que se recortan derechos sociales. Además argumentan que no es progresista porque dicha reforma no se vincula a la mejora de la calidad de los salarios, que es con lo que se garantizaría la viabilidad financiera del sistema.

En cuanto a UPyD, la enmienda a la totalidad se fundamenta en la “precipitación” con la que se ha hecho la reforma, la falta de debate durante su elaboración, sobre todo ante la imposición de los 67 años por parte del Gobierno.