Garoña marca el futuro de Almaraz, Vandellós y el conjunto del parque nuclear español

30/04/2017

Tania Juanes. La posición actual de Iberdrola, que está centrada en lograr la rentabilidad de la explotación de las centrales nucleares, no se modificará si el Ejecutivo no cambia las condiciones fiscales.

A la espera de la decisión del Gobierno -que tiene como tope el 31 de julio- sobre las condiciones que posibilitarían la apertura de la central nuclear de Garoña (Burgos), el futuro de esta central se enfrenta a interrogantes que pueden acabar conduciendo a su cierre. Si bien la decisión del Ejecutivo respecto a las inversiones que considere necesarias para que la central vuelva a ser conectada a la red y el tratamiento fiscal  son temas relevantes, las divergencias entre los dos socios (Endesa e Iberdrola, que cuentan cada una con el 50% del activo a través de Nuclenor) aportan una incertidumbre adicional.

Esta situación, si no se reconduce en los o dos o tres próximos meses, puede llevar de hecho al cierre definitivo de Garoña; en Nuclenor las propuestas se tienen que aprobar por unanimidad. Esta cuestión es importante para el panorama de la energía nuclear en España, pero tampoco se puede negar que en el sector se daba por hecho desde hace años que su paralización ocurrida en 2012 es un hecho irreversible.

No obstante a este conflicto se une otro tema de alcance más general. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha reiterado esta semana ante los analistas que la filial de generación nuclear del grupo presenta pérdidas, y que no son baladíes. Y que quiere una mayor definición por parte del Ejecutivo porque lograr la rentabilidad de los activos se la debe a los accionistas.

El panorama de los tres próximos meses se complica ya que otras dos centrales están también en un periodo de descuento para solicitar sendos permisos para continuar operando, que concluyen en 2020. Los propietarios de Almaraz (Extremadura) y de Vadenllós II (Cataluña) deberán afrontar estos trámites en los próximos junio y julio, respectivamente. La central extremeña está participada el 72% por Endesa y el 18% restante es propiedad de Iberdrola. La planta catalana está controlada por Endesa, Gas Natural e Iberdrola.

La normativa establece que con un mínimo de tres años de antelación a la expiración de la autorización, el titular de la central podrá solicitar el Gobierno una nueva renovación. Los interrogantes se moverán estos meses, por tanto, en varios ámbitos, con las posiciones de las compañías marcadas por los diferentes objetivos y circunstancias de cada empresa. Iberdrola tiene más adelantadas las amortizaciones de sus nucleares y cuenta con un parque de centrales de ciclo combinado de gas que quiere elevar su rentabilidad (mejorarían su posición como potencia que asegura el respaldo a las renovables).

Como han señalado tanto el presidente de Endesa, Borja Prado, como el consejero delegado, José Bogas, el futuro por el que apuesta la compañía participada por la italiana Enel es de las energías renovables. No sólo con la compra de Enel Green Power sino con inversiones adicionales sin descartar el crecimiento inorgánico. Si bien han subrayado que la transición energética precisa de las centrales nucleares para asegurar el suministro y evitar elevada subidas de las tarifas.

 

 

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