En concreto, el titular de la cartera de Trabajo afirmó que si Telefónica, que tiene «todo el derecho» a producir los ajustes de empleo que «estime convenientes», se hace cargo de los costes del proceso, no «habrá dificultad» alguna para aprobar el ERE. En este sentido, Gómez adelantó que la compañía ha expresado «verbalmente, en alguna ocasión» su disposición a hacer frente a estos costes.

En cualquier caso, Goméz que compareció en rueda de prensa en el Congreso recordó además que hasta dentro de mes y medio, «más o menos», el Ministerio de Trabajo no tiene que tomar una decisión sobre el ERE de Telefónica.

En este sentido, una vez Telefónica presente este jueves al Ministerio de Trabajo la memoria explicativa de su ERE, que afectará a un 30% de su plantilla de telefonía fija en España compuesta por unos 28.000 trabajadores –lo que supone cerca del 24% de su plantilla total en el país de unos 35.000 trabajadores, los sindicatos tendrán un plazo máximo de un mes para negociar con la empresa, aceptar las condiciones del ERE y remitirlo de nuevo a la autoridad laboral para que ésta decida si el proceso se ajusta a la legalidad.

El ministro de Trabajo ya afirmó el pasado mes de abril que Telefónica podría verse afectada por la modificación legal que prepara el Gobierno para encarecer las prejubilaciones y obligar a las grandes empresas con beneficios a que asuman los gastos del proceso.

Bonus a los directivos

Asimismo, Gómez tildó de «poco brillante» la coincidencia entre el anuncio por parte de Telefónica de una posible reducción de su plantilla en España y, al mismo tiempo, de un plan de retribuciones a sus directivos.

«No me parece una buena forma de empezar un ERE, y no ha sido una actuación de las más brillantes de la compañía a lo largo de su historia», afirmó.

Gómez precisó además que las criticas del Gobierno versaban, no tanto en el ejercicio de un derecho por parte de Telefónica, «que no tiene discusión», sino en el hecho de que este ajuste se anuncia al mismo tiempo que se aprueban «multimillonarias retribuciones» para los directivos, que «casan mal» con el concepto de responsabilidad social corporativa de la compañía.

«Eso es lo que hemos criticado, que durante el momento en que se anuncia el ERE coincida con una gran retribución para sus principales directivos», atajó el Ministro.