Hace tres meses el Gobierno reunió a empresarios y sindicatos alrededor de la llamada mesa sobre calidad en el empleo. Aparentemente su pretensión era arbitrar medidas sobre la tan traída y llevada dualidad, la brecha entre fijos y temporales; y aportar otras soluciones en materias como conciliación, horarios, negociación colectiva y lucha contra el fraude.
Los sindicatos se comprometieron a aportar ideas a tal mesa. Y hoy han enviado sus propuestas al ministerio de Empleo. En el documento, UGT y Comisiones Obreras (CCOO) piden en primer lugar al Gobierno que suba las cuotas que pagan los empresarios a la Seguridad Social en el caso de los contratos temporales y sobre todo en los de más corta duración.
Una idea que, junto a otras como regular el trabajo de los becarios o poner coto a la actividad de las llamadas empresas multiservicios, forma parte de un documento firmado por los ‘números dos’ de ambas centrales, Gonzalo Pino, por UGT; Ramón Górriz, por CCOO, en el cual los sindicatos avanzan un diagnóstico de la situación actual, tras cinco años de aplicación de la última reforma laboral, y exponen su programa de acción para dotar de más calidad al trabajo en España.
Restringir el uso del contrato temporal
Para UGT y CCOO la salida de la crisis en España no ha llegado para todos. “Hay más paro, de mayor duración y menor protección”, sostienen. “El empleo es más precario, han caído los salarios y ha aumentado la desigualdad”, concluyen, tras arremeter contra los recortes.
Por ello piden al Gobierno una nueva regulación del contrato laboral temporal, que fortalezca las pobres barreras que hoy se aplican contra su uso fraudulento, de tal forma que se convierta realmente en un caso excepcional, y no en la norma, tal y como se prevé en la legislación actual, donde se exige su uso con causa.
También exigen regular la realización de prácticas no laborales. Y, en otro orden de cosas, poner límites a la actuación de las llamadas empresas multiservicios, que trabajan para otras empresas, ofreciéndoles servicios de limpieza por ejemplo, y que han florecido a la sombra de la nueva prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector, que trajo la reforma laboral del 2012.
Además, los sindicatos reclaman que se endurezcan las condiciones del despido – suavizadas por tal reforma –, y dar marcha atrás a algunas prerrogativas ganadas por los empresarios al aprobarse el nuevo ordenamiento, en materia de negociación colectiva.
Eliminar el contrato ‘estrella’ de la reforma laboral
En materia de contratación, y ya entrando en detalles, además de acotar el uso del contrato temporal hasta hacerlo realmente excepcional, las centrales quieren eliminar la figura del contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, una de las medidas ‘estrella’ de la reforma laboral de 2012, que prevé el despido sin coste ni causa durante el primer año, durante el período de prueba, y que los sindicatos consideran “un contrato temporal encubierto”.
Por otro lado, junto al incremento de cotizaciones de los contratos temporales ultracortos, UGT y CCOO reclaman reforzar el principio de igualdad entre fijos y temporales, según figura en el documento conjunto remitido este lunes al Gobierno.
Estatuto del becario
Otras reivindicaciones inciden en reclamaciones como la reforma del contrato a tiempo parcial, revisar y regular el contrato formativo y las condiciones de realización de prácticas no laborales, que deberían vincularse siempre a un programa de formación, y cuya duración nunca debería exceder una proporción razonable del correspondiente programa formativo.
En detalle, reclaman derogar el real decreto 1543, del año 2011, que regula las prácticas no laborales en empresas – una “precarización del contrato en prácticas”, opinan –; eliminar las prácticas extracurriculares del real decreto 592, del año 2014, cuya existencia no se justifica, dada la variedad y diversidad de modalidades de contratación; así como aprobar un Estatuto del becario y del estudiante en prácticas.
No al despido en previsión de pérdidas
Por otro lado, el documento firmado por Górriz y Pino exige la vuelta atrás de la legislación en materia de despido inaugurada por la reforma laboral hace cinco años. En concreto piden impedir que empresas con beneficios puedan justificar despidos basándose en una mera previsión de pérdidas o por la caída de las ventas.
Finalmente otras medidas se refieren, tanto a la formación dual, como a los incentivos a la contratación, las famosas bonificaciones y reducciones de cuotas, cuya concesión piden revisar; así como priorizar las medidas de flexibilidad interna, como las reducciones de jornada o suspensiones temporales de contratos – en lugar de los despidos – cuando las cosas vienen mal dadas; y otras medidas que fomenten la igualdad de trato y la no discriminación.
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