Trío de thriller: Maza, Moix y Catalá

10/05/2017

Luis Díez.

Mala defensa tiene el ministro de Justicia y Notario Mayor del Reino, Rafael Catalá Polo, miembro del «clan de Pontevedra» y antiguo ayudante en el Ministerio de Fomento de la actual presidenta del Congreso, Ana Pastor. Los indicios de sus manejos con la Fiscalía para tapar los casos de corrupción de los expresidentes de Madrid y de Murcia son evidencias para la oposición, que le considera el «brazo ejecutor» de un plan del propio Rajoy para que no afloren más detritos en la ciénaga. Catalá se sorprendió de que el PSOE le sometiera a una interpelación urgente la mañana del miércoles, 10 del corriente, ante el pleno del Congreso porque iba a comparecer por la tarde, después del fiscal general, José Manuel Maza, en la Comisión de Justicia. La portavoz socialista adjunta, Isabel Rodríguez, le explicó que la interpelación es el paso previo a la moción pidiendo su reprobación, que se votará la semana entrante.

De hecho, Rodríguez le preguntó si va a dimitir, a lo que Catalá contestó fue nombrado por el presidente Rajoy y seguirá trabajando. Después, el interpelante del PSOE, Artemi Rallo, a la sazón catedrático de Derecho Constitucional, le recordó las veces que ha sido pillado en renuncio en sus comunicaciones con los investigados Pedro Antonio Sánchez, quien tuvo que dimitir para que el PP pudiera seguir gobernando en Murcia, e Ignacio González, el correligionario de «los líos» solubles (en prisión) que ni el fiscal general Maza ni su subordinado como jefe anticorrupción, José Manuel Moix, han podido tapar porque los fiscales del «caso Lezo» se han rebelado. Tras un pormenorizado relato de las averías mal reparadas, Rallo acabó recomendando al ministro que asuma «con dignidad» la realidad de los hechos antes de que Rajoy le deje caer.

Ni siquiera los socios de Ciudadanos ven ya a Catalá con buenos ojos. Su portavoz José Manuel Villegas le consideró más quemado que los cipreses del cementerio de Cacabelos y le tildó de «obstáculo para la confianza de los ciudadanos en la justicia». Dicho de otro modo: C’s sumará su voto a la reprobación que reclama el PSOE y apoya Podemos. Catalá se defendió tildando de «falacias, insidias e intoxicaciones» las informaciones sobre sus abusos del poder, acusó a los socialistas de «destruir y no construir», les imputó un gran daño «a los dos mil quinientos fiscales» e incluso invocó a su antecesor gallego, Francisco Caamaño, para desempolvar la reforma non nata de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretendía reforzar el papel de los fiscales como instructores.

De la posterior comparecencia del fiscal Maza y del propio Catalá en la Comisión de Justicia no se derivaron novedades sobre las interferencias ya conocidas. Maza reconoció que el actual fiscal anticorrupción, Moix, archivó las investigaciones sobre Ignacio González cuando era fiscal jefe de Madrid, pero lo hizo, dijo, a petición del fiscal que recibió la denuncia. También admitió que había sido informado ocho días antes de nombrar a Moix como fiscal jefe anticorrupción del contenido de las conversaciones en las que Ignacio González participaba a su amigo el exministro Eduardo Zaplana su deseo de que nombraran a Moix porque era propicio a su impunidad. Maza no contestó a las preguntas de la portavoz de Podemos, Irene Montero, sobre los esfuerzos de Moix para librar a González de la acción judicial, intentando impedir, incluso, los registros. Montero reclamó su dimisión y lo propio hizo el socialista Juan Carlos Campo, quien recordó que el 26 de abril presentaron la petición de reprobación contra él y contra su subordinado Moix.

Si la oposición atribuye a Catalá y Maza maniobras nicomédicas (por detrás) para librar a González de la investigación judicial que finalmente le ha llevado a la cárcel como cabecilla de una trama criminal para enriquecerse del mismo modo que su correligionario Francisco Granados, también relaciona al secretario de Estado de Seguridad y exalcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, con el «chivatazo» a los investigados y la advertencia de que tenían los teléfonos «pinchados». Esto dificultó la investigación, según los fiscales del caso. Como se sabe, Nieto recibió a Pablo González (hermano del expresidente madrileño y en prisión con él) en su despacho del Ministerio del Interior, aunque, según su versión, sólo fue una «visita de cortesía». El ministro José Ignacio Zoido ha asumido esa versión y el miércoles la repitió en el pleno del Congreso. «La reunión fue protocolaria, de cinco minutos», dijo. El ministro, que es magistrado de profesión, dijo que las explicaciones de Nieto han sido «suficientes, exhaustivas y razonables». Cierto es que a él no le informó del encuentro con el hermano de Ignacio González, según reconoció.

Antes de colocar a Catalá y Zoido frente a sus responsabilidades, la oposición pidió cuentas en el pleno al presidente Rajoy. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, no sólo le reclamó el cese del titular de Justicia, en coherencia con su planteamiento cuando el entonces ministro de Justicia de ZP, Mariano Fernández Bermejo, coincidió en una cacería en Jaén con el juez Baltasar Garzón, quien entonces instruía el «caso Gurtel» (Bermejo dimitió), sino que le acusó de «parasitar las instituciones». Sólo por eso se merece, dijo Iglesias, la anunciada moción de censura. Por su parte, el Hernando del PSOE, espetó a Rajoy: «Usted está acorralado por la corrupción de su partido». El presidente del Gobierno defendió la «profesionalidad» del mencionado Moix como fiscal jefe anticorrupción y contestó a Iglesias: «Yo creo que los jueces y fiscales no tienen que estar comprometidos con el gobierno del cambio ni del recambio, como ustedes decían en el documento del pacto con el señor Sánchez (no hubo tal pacto), sino con la ley y el Estado de Derecho; eso es la democracia». Al Hernando del PSOE le respondió con una alusión a la trifulca interna y con el anuncio de más dinero en el Presupuesto de 2018 para fortalecer el aparato judicial, dotándole de cien jueces y fiscales más. Tarea no les va a faltar.

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