El origen de la movilización es una sentencia judicial que obliga a que antes del 30 de junio de 2017 la empresa Iberpotash cese sus vertidos de sal en la montaña de sal del Cogulló, en Sallent (Barcelona), una escombrera generada por décadas de actividad minera que tiene una dimensión similar a la montaña del Tibidabo de Barcelona.

Los más de 4.000 asistentes al acto, entre ellos trabajadores del sector de la minería, representantes sindicales, de la plataforma ProMinería y también políticos, han reclamado garantizar el futuro económico y sostenible de la Cataluña central con una mayor flexibilidad en el cumplimiento de ese mandato judicial, para evitar el cierre de la mina de Sallent, ya que Iberpotash aún no tiene listo el traslado de la producción a Súria.

Representantes sindicales de la planta de Sallent han reclamado que se permita seguir vertiendo durante algún tiempo sal en la montaña del Cogulló, aunque en menor medida que hasta ahora. Al fijar la fecha del 30 de junio como límite, la Generalitat dio cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2013 sobre la regulación del depósito salino del Cogulló en el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de Sallent.

Iberpotash es la única empresa productora de sales potásicas en España, un fertilizante natural básico para la agricultura, y también es un actor importante en el mercado de la sal, dado que la sal es un residuo generado por la potasa, y su actividad es básica en la comarca del Bages.

Manifiesto consensuado

En la jornada de protesta se han recogido más de 2.500 firmas para pedir que la sentencia judicial que dictamina que el día 30 de junio deben parar los vertidos de escombros salinos no ponga en peligro la fuente de subsidencia de unas 2.000 familias, con trabajadores directos e indirectos. Este manifiesto ha sido consensuado entre las entidades que impulsan esta actividad (agrupadas en el Foro económico de la Cataluña central) y ha sido leído en el acto por Noor Sidki, una estudiante del grado de Ingeniería Minera (estudios que se imparten en Manresa), rodeada por una cincuentena de representantes sociales del Bages y Berguedà, así como por diputados en el Parlamento de Cataluña de casi todos los partidos, alcaldes y concejales, máximos representantes sindicales, e integrantes de colectivos empresariales y sociales de las poblaciones de la zona. Solo el radical partido de la CUP exige el cumplimiento de la sentencia judicial.