La Audiencia Provincial de Madrid revoca la condena contra Trinitario Casanova por la manipulación de la cotización del Banco Popular, dejándola sin efecto, según un comunicado de Baraka, el grupo que preside el polémico promotor inmobiliario de Murcia.

Casanova había sido condenado a un año de prisión por la magistrada del juzgado de lo Penal número 29 de Madrid, Beatriz Prestel, al considerarlo culpable de un delito contra el mercado y los consumidores tras difundir falsos rumores de OPA en el Banco Popular para aumentar el precio de las acciones en 2008.

El fallo, que ahora queda anulado, inhabilitaba al promotor murciano para intervenir en los mercados financieros durante el tiempo de la condena. En la sentencia, la jueza estimaba las alegaciones presentadas por la acusación particular del propio Banco Popular, así como las del Ministerio Fiscal que, en sus conclusiones, reprochaba a Casanova no haber sido consciente del alcance de un delito que consiguió alterar la Bolsa durante junio de 2008.

En su escrito de acusación, el fiscal considera que Casanova llevó a cabo «artimañas informativas, administrativas y financieras» con el objetivo de detener la devaluación de las acciones del Popular en su propio beneficio.

Según se desprendió entonces de la investigación, Casanova suscribió, a través de una sociedad de la que era administrador único, un acuerdo con el holandés Fortis Bank para financiar la compra de más de 42 millones de acciones del Popular, haciéndose con un 3,5% de la entidad.

Ante la tendencia a la baja, lanzó el rumor al diario ‘Negocio’ (ya desaparecido) de que un grupo de empresarios mexicanos, entre ellos Carlos Slim, estudiaba lanzar una OPA sobre el Popular, con una prima superior al 50%, lo que provocó un importante incremento de la cotización del banco.

En aquel momento, Casanova cargó contra el actual ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, entonces representante legal de los supuestos accionistas y cuya declaración como testigo se considera núcleo de la denuncia contra el promotor inmobiliario. Según la versión de Casanova, fue el político gibraltareño quien contactó en nombre del grupo inversor mexicano Blueprime, supuestamente interesado en comprar sus acciones en el Popular.

El Juzgado de lo Penal nº 29 de Madrud estimó así entonces que fue el propio promotor quien emitió de forma voluntaria tales informaciones que, según explicó la CNMV durante la vista oral, ocasionaron un perjuicio de 38 millones de euros a los inversores.

Se espera que tanto el Banco Popular como la Fiscalía recurran la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid.