Un grupo de expertos, contrarios en su mayoría, ha puesto hoy nuevas razones sobre la mesa de debate en torno a la adopción de una renta universal contra la pobreza. Frente a las tesis defendidas por ejemplo por los sindicatos, favorables a instaurar una renta que beneficie a toda persona con pocos ingresos; estos expertos – entre ellos el exministro socialista Miguel Sebastián – defienden la tesis contraria, y creen que esta renta aumentaría las desigualdades existentes, cercenaría el mercado de trabajo y supondría además una carga insoportable para las arcas del Estado.

El debate en torno a la renta universal ha retornado en los últimos tiempos con mayor intensidad. No solo porque entidades en teoría poco favorables a su adopción, como la OCDE, se hayan pronunciado a favor, al menos en países como España, con escasez de ayudas sociales; sino también ligado a la digitalización de la economía, y acerca de qué hacer con la mano de obra sobrante, que el cambio tecnológico expulsará del mercado de trabajo.

En este contexto, y organizado por la Escuela de Negocios IMF, diferentes expertos han debatido hoy sobre este problema. En general, estos expertos se han mostrado contrarios a su adopción, aunque por razones muy diferentes. Hay quien la considera una intromisión intolerable del Estado. Y hay también a quien no le salen las cuentas.

Treinta años para implantarla

En primer lugar, este grupo de expertos, entre quienes, además del mencionado Sebastián, destacan Juan Manuel López Zafra, economista de Cunef; Cive Pérez, investigador en la materia; Carlos Martínez presidente de IMF; consideran que el primer obstáculo insalvable para implantar una renta universal es la falta de fondos. Y hacen sus cuentas.

España podría quizás lograr su implantación dentro de 30 años; eso sí, se trataría de una renta de muy escasa cuantía, lo que la convierte en una renta más básica que universal, afirman.

Creen a su vez que a día de hoy, con las restricciones presupuestarias actuales, y el volumen de deuda que acumula España, la renta universal es un objetivo “inabarcable”.

Según sus cifras, unos 10 millones de españoles tendrían derecho a cobrar esta renta contra la pobreza, excluyendo, eso sí, a los pensionistas, parados, asalariados y autónomos, afirma Miguel Sebastián.

El exministro socialista basa sus cálculos en una renta de 500 euros al mes, esto es, 6.000 euros al año. La adopción de esta renta supondría un gasto equivalente a entre un 4% y un 5% del PIB.

Sin embargo, López Zafra contrapone a la de Sebastián una renta “verdaderamente universal”, que tuviera en cuenta a todos los españoles en riesgo de pobreza, y los situara fuera de ese umbral, con un importe individual de 8.000 euros al año, lo que supone un gasto igual al 85% de los Presupuestos Generales del Estado. “Esto es absolutamente inasumible”, afirma.

Divergencias sobre la digitalización

Sin embargo, además de su excesivo coste, otro debate – el tecnológico – se cruza en este asunto. Aunque se crearán nuevos empleos, los avances en la automatización destruirán también muchos otros. “De aquí a 2015 la mitad de los trabajos que actualmente conocemos habrán desaparecido”, afirma Cive Pérez, autor del libro Renta básica universal. La peor de las soluciones (a excepción de las demás).

Según este experto, existen buenas razones para compensar a los ‘perdedores’ de esta revolución tecnológica con una renta que palíe sus previsibles dificultades para encontrar empleo. “En Silicon Valley o Davos ya se ha planteado”, advierte.

Sin embargo tampoco aquí hay consenso. Para Miguel Sebastián, “no sabemos cuánto empleo se va a destruir, pero tampoco cuánto se va a crear con la automatización”.

En este campo, Sebastián desconfía de las tesis apocalípticas. “Si estas estadísticas fueran ciertas se tendría que experimentar un aumento exponencial de la productividad”.

Aun así advierten de la sacudida estructural que ya vive el mundo del trabajo. “Estamos viviendo un cambio de paradigma absoluto que no se daba desde la primera revolución industrial”, avisa López Zafra.

“La cuestión está en la transición, en si nos vamos a saber adaptar a esta revolución y a qué ritmo”, se plantea.

En este sentido, Miguel Sebastián está convencido que la implantación de una renta básica reduciría la mano de obra en el mercado, impactaría negativamente en la distribución de la renta, y dejaría pendientes cuestiones como los costes de salida, no solo los de entrada.

“Si condenas a un porcentaje de la población a que reciba esta renta básica porque crees que no tiene manera de acceder al empleo, las empresas se quedarán con los más productivos y dejarán de lado al resto. Los que se queden tendrán un salario cada vez más y más alto, lo que aumentará las desigualdades”, advierte el profesor universitario y exministro socialista.

“Históricamente las grandes desigualdades han provocado revueltas y revoluciones, por lo que no es de extrañar que a las clases más pudientes la renta básica universal les pueda interesar para evitar males mayores”, matiza Carlos Martínez.