Soraya y el botín del expolio

29/05/2017

Luis Díez.

 

Antes de engendrar un nuevo ente, conviene ponerle un nombre. Se ha de buscar de tal modo que origine unas siglas pegadizas y popularizables por algún poeta aunque no sea de la talla de don Dámaso Alonso. Decenas de burócratas, coordinadores y funcionarios meramente administrativos se dedican a esa rama de la sabiduría de la que salió en octubre de 2015 un nuevo organismo llamado Oficina de Recuperación y Gestión de Acivos, cuyas siglas, ORGA, recuerdan a un partido republicano gallego coaligado con el de Manuel Azaña. La ORGA de nuestro tiempo fue presentada por el Gobierno, en concreto, por su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, como el último grito de la tecnología en curso para luchar contra la corrupción.

En síntesis, se trataba tener un instrumento para rescatar y gestionar el dinero público expoliado por los corruptos. En el Parlamento y en infinidad de mítines y comparecencias públicas se proyectó la idea de que el nuevo organismo, la ORGA, iba a ajustar las cuentas a saqueadores de renombre como Luis Bárcenas, cuya fortuna en Suiza llegó a ser cifrada entre 40 y 60 millones de euros, a los gurtélidos, al clan Pujol, los del Brugal, Imelsa, Noos, Palma Arena, Palau y un sin fin de sinvergüenzas que utilizaron el poder para forrarse, abusando de las licencias, la contratación pública, la «externalización» de servicios, las privatizaciones y la gestión de entidades públicas así como de los bancos y cajas de ahorros rescatados con dinero público.

Los corruptos iban a devolver hasta el último euro robado, que para eso estaba la ORGA. Los corruptos y los de los «eres» no iban a dejar herencia, que par eso estaba la ORGA. Se llamaran Rato, Urdangarín, Granados, Blesa, Conde, Fabra, Camps, Matas, Arturo, Nacho González y familia, Díaz Ferrán, o se motejaran «compiyogis», no se iban a librar de la lupa del nuevo ente anticorrupción. En términos generales, la ORGA parecía un buen invento para que quienes se enriquecían a costa de los bienes y recursos públicos mientras la mayoría de los españoles las pasábamos y seguimos pasándolas canutas por culpa de la recesión y la depresión social y laboral, no se fueran de rositas.

Pero ¿qué ha ocurrido con esa Oficina de Recuperación de Activos? ¿Cuánto dinero ha rescatado? Es la información que después de un año y medio de la aprobación del nuevo ente ha solicitado al Gobierno la diputada de Ciudadanos por Alicante, Marta Martín Llaguno. Y la respuesta difiere bastante de lo anunciado. La ORGA no pasa de ser una subdirección del Ministerio de Justicia. Su organización y entrada en funcionamiento será «progresiva». Para su implantación se eligió en febrero de 2016 una provincia y posteriormente una Comunidad Autónoma cuyos medios materiales y personales dependieran del Ministerio de Justicia. Se señaló Cuenca y Castilla-La Mancha.

¿Y qué ocurrió? Pues que no se recibieron peticiones de gestión. No había que ser tan experto jurista como la vicepresidenta Santamaría o el ministro Rafael Catalá Polo para saber que la mayor parte de los grandes delitos de corrupción competen a la Audiencia Nacional. Cuando cayeron en la cuenta, solicitaron de facto la gestión de bienes a diversos Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional.

¿Y cuál ha sido el resultado, es decir, la recuperación de activos de los corruptos? Pues ahora que no hay elecciones se puede decir: ninguna. Aunque, para cubrir el expediente, Santamaría y Catalá aseguran que la ORGA ya gestiona «bienes de muy diversa naturaleza por valor de 23 millones de euros». ¿De qué naturaleza? «Productos perecederos (2 millones de euros), barcos (8 millones), cuadros y objetos de arte (4,2 millones), ropa (8 millones) y dinero en efectivo, 806.825 euros». En suma, mercancías decomisadas a narcotraficantes y a las redes clandestinas de mercaderes, en su mayoría chinos.

¿Es esto serio? ¿Se necesita detraer funcionarios del sistema judicial, de la fiscalía y de los servicios policiales y de inspección para crear una red paralela de gestores? Basta con que el Tesoro (Ministerio de Hacienda y Banco de España) se ocupen, como de hecho vienen haciendo, de la gestión de los activos incautados por los jueces a los corruptos y demás delincuentes para ahorrarse entes burocráticos y entelequias electoreras con siglas más o menos afortunadas para tomarnos el pelo y engañarnos como si fuésemos defectivos de entendimiento. O sea…

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