La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso presentado por la defensa del expresidente madrileño Ignacio González contra la prisión incondicional dictada por el juez Eloy Velasco, que instruía hasta hace una semana el ‘caso Lezo’, debido a la gravedad de los delitos que se le imputan y a que considera que sigue habiendo riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

El auto de la Sala concluye que González podría estar implicado en la «financiación irregular del PP de la Comunidad de Madrid» a través de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM), en el pago de una comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación del tren de Navalcarnero, en la expansión del Canal de Isabel II por Sudamérica y en la adjudicación presuntamente fraudulenta de Gold Canal.

Todo ello, explica el auto, podría constituir delitos de cohecho, prevaricación, fraude, malversación, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y contra la Hacienda Pública por impagos del patrimonio presuntamente enviado al extranjero, entre otros.

Para la Sección Cuarta, todas las pruebas enviadas al tribunal revelan «suficientes indicios de la posible participación» del expresidente de la Comunidad de Madrid en los delitos enumerados y el «arraigo familiar», su «notoriedad pública» y la «carencia de medios económicos» que ha alegado «no suponen en este caso minimización» del riesgo de fuga.