El Gobierno ha confirmado que Adif abrió expedientes internos con el fin de esclarecer los presuntos sobornos que una empresa adjudicataria de obras de alta velocidad otorgó a cargos de la empresa pública, así como de otras administraciones locales, provinciales o estatales.

Esta red se sobornos fue denunciada por la Guardia Civil en un informe incorporado al ‘caso Adif’, que en un inicio se limitaba a la investigación de sobrecostes en la construcción del AVE a Barcelona. Sin embargo, el informe constata que los sobornos se extendieron en infraestructuras por todo el país, registrándose casos en Castilla y León, Galicia, País Vasco y Asturias.

Por todo ello, la diputada de En Marea Alexandra Fernández y el diputado de En Comú Félix Alonso Cantorné registraron sendas preguntas en el Congreso para solicitar al Gobierno una valoración por estas informaciones, las investigaciones abiertas y las medidas adoptadas al respecto, incluida la depuración de responsabilidades.

Sin embargo, sostiene que «aún no se dispone de conclusiones dado que dichos expedientes internos se encuentran en tramitación» y que «se exigirán las responsabilidades que correspondan adoptar en el proceso penal en el que Adif se encuentra personado como acusación particular, y las de índole disciplinaria se adoptarán por Adif en lo que la pendencia del proceso penal permita».

«Todas las medidas necesarias para comprobar la calidad»

Según este informe de la Guardia Civil, los sobornos por parte de la empresa adjudicataria Isolux-Corsan permitieron el visto bueno de supervisores de Adif a pesar de la peor calidad del material utilizado en algunas de las construcciones.

En este sentido, la diputada de En Marea Alexandra Fernández también preguntaba si el ministerio de Fomento había iniciado la comprobación de los materiales de categoría inferior a la declarada o si exigirá a las empresas concesionarias implicadas indemnización «por aumentar sus ingresos a costa de rebajar la calidad de los materiales».

Ante esto, Fomento asevera que en el caso de que se compruebe la certeza de esta acusación «se exigirán todas aquellas responsabilidades que se puedan exigir, adoptándose, por otro lado, todas aquellas medidas que sean necesarias para comprobar la calidad de los materiales».

Por último, el Gobierno subraya que «se actuará conforme a lo previsto en la legislación vigente, prestándose a los tribunales competentes todo el apoyo que se precise para el esclarecimiento de los hechos».