El futuro de las centrales nucleares se decanta como un tema estrella del documento sobre planificación energética y clima previsto para 2019, con aspectos que irán desde el periodo de vida que se dará a estas plantas en la generación eléctrica a cómo se establecerán los cierres. No obstante, estos activos forman parte de la polémica energética más actual: la que se ha producido entre algunas empresas propietarias -Endesa e Iberdrola-, del sector con el Ministerio de Energía y del Gobierno con la oposición.

Y aunque las empresas cuentan con más tiempo desde la pasada semana para definir su posición sobre los activos que se acercan a los 40 años de existencia, la clara opción de las eléctricas, especialmente Iberdrola, por la energía renovable, impide que se ‘congelen’ las decisiones.

El Consejo de Seguridad Nuclear aceptó la propuesta del Gobierno, con lo que ha cambiado el procedimiento que las nucleares españolas deben cumplir si quieren renovar esas licencias. Esa modificación retrasa  la fecha tope para solicitar seguir en activo, que ahora queda fijado en mayo del año 2019, coincidiendo con el citado documento.

En este contexto, en medios internacionales se ha barajado la posibilidad de que la empresa que preside Ignacio Galán venda parte de sus activos nucleares a grupos internacionales o dé entrada a socios. Si bien las condiciones económicas actuales de estas plantas hacen muy difícil cualquier operación. Galán ha reiterado en algunas de sus intervenciones públicas que las centrales nucleares aportan pérdidas al grupo y que la empresa, que debe defender los intereses de los accionistas, quiere encontrar una salida a este problema.

Los datos que el grupo ha aportado al Registro Mercantil corroboran esas declaraciones: Iberdrola Generación Nuclear, filial que agrupa los intereses nucleares, registró unas pérdidas de 309,3 millones de euros en el ejercicio 2016, y que acumula ‘números rojos’ por 1.075 millones de euros desde 2013. En 2014 las pérdidas se elevaron a 311,39 millones y en 2015 a 221,78 millones de euros.

Por su parte, Gas Natural Fenosa acometerá el cese paulatino de la actividad de la central térmica de Anllares hasta 2019 e invertirá más de 200 millones para desarrollar más de 200 megavatios de generación eólica en la comunidad autónoma de Castilla y León, para lo que se prevé la creación de unos 500 empleos directos e indirectos en el horizonte temporal 2017-2019.

La compañía ha hecho públicos estos planes tras conseguir el pasado mayo un «cupo relevante» de potencia eólica en la subasta de energías renovables impulsada por el Gobierno de España con lo que «reafirma» su apuesta por la energía renovable.