Semana sin pleno ni pasión parlamentaria en el Congreso. A la espera de la descarga de la moción de censura de Pablo Iglesias sobre Mariano Rajoy, vamos a fijarnos en algunas respuestas noticiosas del Gobierno a las preguntas de sus señorías. ¿Sigue perdiendo dinero la empresa pública Paradores? El Ejecutivo contesta al socialista cordobés Antonio Hurtado que el turismo va viento en popa y la sociedad que gestiona los 96 grandes hoteles ha pasado de unas pérdidas de 42,4 millones de euros en 2012, 19,7 en 2013 y 7,8 en 2014, a unos beneficios de 3,9 millones en 2015 y 17,5 el último año. Sus deudas con la banca ascendían a 87,7 en diciembre de 2011 y se han reducido a cero. Albricias.

¿Quiere decirse entonces que tan próspera empresa pública habrá ampliado la plantilla y empleará a más trabajadores? Pues no. En el año 2011 Paradores tenía 4.459 empleados y en 2016 tiene 3.871, es decir, 588 menos. Es la demostración de que se puede hacer más con menos, reducir plantilla ganando mucho dinero. Y también la evidencia de que la automática, la robótica, la uberización y la externalización de los servicios habitan entre nosotros. Todo eso sin mencionar la broma de que los «paradores» están para lo que su nombre indica (y colocar a los amigos y a la muy competente exmujer de Rodrigo Rato).

A propósito del desempleo, ¿se puede saber si estamos cumpliendo la norma que obliga a las empresas a contratar al menos un discapacitado por cada 50 empleados? La respuesta del Gobierno al diputado socialista catalán José Zaragoza indica que la situación es manifiestamente mejorable. Los datos que le remiten son de 2012 y cifran en 387.278 euros las multas de la Inspección de Trabajo por 220 infracciones registradas en las empresas.

Cierto es que al Ejecutivo tampoco debe importarle demasiado la integración laboral de las personas con discapacidad. De hecho, cuando la diputada Zaida Cantera y su colega Joan Ruiz le han preguntado si se cumple la norma en las universidades y en las administraciones local y general del Estado, el Gobierno ha contestado que no tiene los datos. Y para justificar su desinterés hace el bultuntún y dice que «la discapacidad puede haber sobrevenido con posterioridad a la incorporación al empleo público y no haber sido puesta en conocimiento del centro de trabajo». ¡Qué cosas!

¿Oiga, y qué ha pasado con el dinero de los fondos europeos destinado a la limpieza del embalse de Flix que fue trampeado por la trama de corrupción de la empresa pública Acuamed?, ha preguntado el diputado de UP Félix Alonso Cantorné. El Gobierno anduvo listo y retiró gastos certificados por Acuamed por importe de 11,8 millones de euros. Y para que las autoridades de la Comisión Europea no nos empapelen y hagan pasar un mal trago al simpático comisario Cañete y su millonaria ayudante y sucesora Tejerina, se han «descertificado» 7,97 millones de euros de gasto, renunciando a la ayuda de 6,37 millones del Fondo de Cohesión. Qué pena.

¿Qué dice y, sobre todo, qué hace La Moncloa ante la presunta red de sobornos a directivos de la empresa pública Adif para que beneficien a determinadas constructoras privadas en las adjudicaciones de obras del tren de alta velocidad? Pues nada. La respuesta a la diputada de UP Alexandra Fernández sobre el tramo Ourense-Amoeiro y a su colega Alonso Cantorné sobre otros tramos es ni fu ni fa. Quiere decirse que «sobre ese Ave del que usted me habla, de momento sólo hay un informe de la Guardia Civil que debe ser objeto de indagación para su completo esclarecimiento». ¿Por parte de quién? De los propios directivos de Adif, o sea.

La duda en este caso, como en tantos otros, surge de si el monopolio oligopólico formado por unas pocas y determinadas constructoras, siempre las mismas, además de resultar perjudicial para la sociedad, como denunció Adam Smith hace tres siglos, ha de seguir encareciendo los costes con dádivas y engrases a los gobernantes y altos funcionarios para repartirse un pastel distribuido de antemano. Y lo que es más canallesco todavía, que en unas infraestructuras de las que dependen muchas vidas humanas, paguen sobornos para que los responsables pasen por alto la baja calidad de los materiales. No está en juego únicamente esa «marca España» que en México, por ejemplo, el Grupo Villar Mir ha dejado por los suelos con los presuntos engrases a los políticos tradicionalmente corruptos, hasta el punto de que el presidente de su constructora OHL allí, José Andrés de Oteyza tuvo que salir por pies y ser sustituido por Juan Osuna hace un mes, sino la resistencia moral de la sociedad. Cierto es que para algunos la moral es el árbol de la mora, e insisten en desmoralizarnos y desmoronarnos.