El president Puigdemont aseguró en una entrevista a TV3 el pasado domingo que Madrid no entiende nada de lo que pasa en Catalunya. Esta afirmación la realizó horas después que decenas de miles de personas se concentraran en las barcelonesas fuentes de Montjuïc para ratificar la decisión del Govern de convocar el referéndum independentista el próximo 1 de octubre.

Los oradores insistieron en que han hecho todo lo posible para encontrar una salida al actual conflicto. Han hecho hasta dieciocho propuestas al Madrid de las instituciones y la respuesta que han encontrado siempre ha sido un contundente “no”. Cuando han ido al Congreso han sido humillados, las 46 peticiones que planteó Puigdemont a Rajoy en abril del 2016 sobre los más diversos temas no se ha atendido ninguna. Las sentencias del Tribunal Constitucional favorables a la Generalitat el Gobierno las incumple mientras este tribunal muestra una inusitada celeridad para paralizar las medidas más dispares que aprueba el Parlament (desde protección a la vivienda, igualdad de género, medidas sociales…). Además Catalunya tiene un Estatuto artificial que no ha votado nadie, que lo han decidido los tribunales enmendando la plana al Parlament, Congreso y al mismo referéndum.

Por otra parte la llamada “operación diálogo” emprendida por Soraya Sáenz e Santamaría se ha saldado con un contundente fracaso. Todas las instituciones catalanas le han reclamado soluciones políticas fruto de un inexistente diálogo. Y la guinda del pastel la puso el propio Mariano Rajoy en una reciente visita a Barcelona en la que prometió las mismas inversiones que ya habían sido acordadas -e incumplidas- hacía años.

“No hay suficientes cárceles para secuestrar la voluntad de un pueblo” aseguró el presidente del Omnium Jordi Cuixart. Y es que en Catalunya las cuatro diputaciones y más de setecientos ayuntamientos forman parte de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), así como las cuatro diputaciones y la gran mayoría de los consejos comarcales. Incluso esta misma entidad ya tiene adheridos más de 3.000 cargos electos (concejales, parlamentarios, diputados…) que serían los encargados de hacer prosperar el referéndum caso que empezaran a llover inhabilitaciones.

El gran problema del Madrid institucional es querer creer que la idea del referéndum es una iniciativa personal del actual gobierno de la Generalitat cuando en realidad son muchas las personas que están detrás, al lado o delante de esta iniciativa (las millonarias manifestaciones de cada 11 de septiembre avalan esta afirmación). Y con la negativa al diálogo y las apelaciones al miedo o las amenazas de represivas no se soluciona el problema, como máximo se aplaza.