El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirma en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados para explicar la quiebra del Banco Popular  que la alternativa a la intervención de la entidad y posterior venta de Popular al Santander, era un concurso de acreedores, un proceso mucho más complicado para los depositantes.

De Guindos recuerda que en España más de un millón de hogares eran depositantes del Popular y que para ellos un concurso de acreedores habría generado «enormes retrasos e incertidumbres» en la recuperación de sus ahorros. Se ha logrado «salvaguardar totalmente los intereses de los depositantes»: en el momento de la intervención, el Popular contaba con 60.347 millones de euros en depósitos, de los que unos 30.900 millones correspondían a particulares y otros 8.300 millones, a pymes.

Y se ha hecho sin comprometer «ni un solo euro de dinero público, ni presente ni futuro», a diferencia de «lo que ocurrió hace cinco años», en referencia a Bankia.

Y sin contagio para la deuda del Reino de España (la prima de riesgo se redujo) ni para los demás bancos (que subieron en Bolsa en el mismo período).

El proceso de intervención del Popular se ha realizado «cumpliendo al pie de la letra» con la normativa europea. Las «reglas de juego» europeas implican que los accionistas son los primeros que deben asumir las pérdidas de un banco para evitar «cualquier impacto sobre las arcas públicas». Es la Junta Única de Resolución (JUR) la que decide cuándo y cómo se debe intervenir un banco, tras lo cual es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) el que acata sus decisiones.

La JUR solamente puede poner en marcha una resolución tras constatar que la entidad se encuentra en serias dificultades y es inviable o, al menos, es «razonablemente previsible» que entre en esa situación, algo que determina el Banco Central Europeo (BCE). La JUR debe constatar que no existen alternativas de solución privada y, además, deben existir «razones de interés público» para acometer la resolución.

Una vez acreditadas estas cuestiones, la JUR puede poner en marcha la resolución y entre las medidas que pudo adoptar se encontraban la posibilidad de crear un «banco puente», un «banco malo», el ‘bail in’ (la transformación a 0 euros del valor de las acciones y de los bonos), la conversión de CoCos en acciones, o una venta privada.

De Guindos atribuye las caídas en el precio de la acción de Popular a la modificación de las cuentas de la entidad, a la falta de concreción por parte de su expresidente Emilio Saracho sobre la hoja de ruta del banco durante la junta celebrada en abril o de las rebajas en las calificaciones crediticias de la entidad. «Cada reducción de la calificación dificulta el mantenimiento de los deporsitantes corporativos, que suelen exigir un mínimo de nota», precisa.

Sin liquidez

El ministro revela que el Popular pidió un plan de Asistencia de Liquidez de Emergencia (ELA) el lunes 5 de junio y otro el martes 6 de junio ante una «fuga de depósitos de tal magnitud» que llevó a la pérdida de liquidez a las 15.00 horas de ese día.

La entidad no pudo solicitar más líneas de emergencia por falta de colaterales y en esa situación no podría haber abierto las puertas de sus sucursales el miércoles7 de junio, viéndose abocada a un proceso concursal, a la quiebra.

De Guindos precisa que la JUR dio orden el sábado 3 de junio al FROB de activar las primeras fases de un procedimiento de venta. El BCE declaró el martes la situación de inviabilidad del banco por falta de liquidez, prácticamente al mismo tiempo que Popular informó por escrito al supervisor europeo de que su consejo de administración había llegado a la misma conclusión.

El proceso de venta del Popular que se puso en marcha en el marco de la resolución fue «abierto, transparente y neutral» y se invitó a cinco entidades financieras. De ellas, solamente dos firmaron el acuerdo de confidencialidad para formar parte del procedimiento y la «oferta ganadora» fue la de Santander.

«El precio de venta resultó superior a la valoración de la entidad que había hecho el experto independiente», que arrojaba un ‘agujero’ de entre 2.000 millones de euros y 8.000 millones. El ministro de Economía subraya que el Santander se comprometió también a garantizar la liquidez necesaria para asegurar el funcionamiento de la entidad «desde el mismo día de la operación», de forma que las sucursales de Popular pudieron abrir sus puertas el miércoles 7 «con total normalidad».

El impacto de los créditos fiscales con aval del Estado

El portavoz socialista, Pedro Saura, cree que la venta del Popular por 1 euro al Banco Santander puede costar 1.800 millones de euros por la contabilización de créditos fiscales con el aval del Estado. «El Popular va a tener un coste para el erario público» , replica a De Guindos, a quien le recuerda la modificación del Impuesto de Sociedades para que las entidades financieras pudieran contabilizar los créditos fiscales (que suponen unos 40.000 millones) como capital regulatorio.

Alberto Montero, portavoz de Unidos Podemos, cree que «o que han hecho es un deterioro en Bolsa para acabar convenciéndonos de que el banco era inviable», cuando el patrimonio neto del Popular es positivo y que «permitirá atender a nuevas provisiones y a gastos extraordinarios de su absorción».

En su opinión, la ampliación de capital del Santander de unos 7.000 millones de euros «no es para cubrir un boquete», sino para aprovisionar los requisitos de capital «que su nueva dimensión exige». «Lo que han hecho es entregar el Popular al Santander a precio de saldo», cuando la rentabilidad prevista de la operación es de un 20% «si las cosas van bien». «Esto tiene nombre en España: un pelotazo», concluye.