La Asociación de Inspectores del Banco de España critica el papel de las autoridades españolas y comunitarias en la crisis de Banco Popular: «estar satisfechos porque un rescate o intervención se haya llevado a cabo sin coste directo para el contribuyente es como estar contentos porque un paciente haya fallecido sin contagiar a nadie».

«Posteriormente se determinará si el fallecimiento era inevitable o no, pero en cualquier caso la perdida es irreparable. Especialmente triste si, tras mostrar los primeros síntomas hace tiempo, en lugar de proceder a una intervención terapéutica de restablecimiento de la salud se decidió permitir que la enfermedad siguiera su curso hasta convertirse en incurable», argumenta el comunicado de la Asociación.

Los inspectores del Banco de España creen que «es difícil de aceptar» que una entidad financiera pueda verse «abocada a la quiebra» por un problema estrictamente de liquidez «si se adoptan las medidas necesarias». «Y si así llega a ocurrir, sería un indicio sólido de que los garantes de la estabilidad financiera no han procedido de la manera más adecuada», señalan.

La quiebra del Popular ratifica la «futilidad» de las pruebas de resistencia (‘stress test’, en la jerga del sector )realizados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en julio de 2016, las «debilidades» del proceso de revisión y evaluación supervisora del BCE, y la «irrelevancia de tantas otras sofisticadas y costosas construcciones» que intentan transmitir las autoridades comunitarias.

Los inspectores del Banco de España cuestionan la capacidad del asesor independiente que asesoró al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) en la valoración de Popular: «Resulta también llamativo que la valoración de un ‘experto independiente’ establezca un rango de entre 2.000 millones y 8.000 millones de perdidas en función de los escenarios que se contemplen. Esto lleva a pensar que los ‘escenarios’ son de una diversidad extrema, o el ‘experto’ no lo es tanto, o no lo es su independencia».