En concreto, esta fiscalidad, recogida en la Ley 15/2012 y aplicada desde 2013, incluía el impuesto del 7% a la generación y las tasas sobre los residuos nucleares, así como un canon a la producción hidráulica y un ‘céntimo verde’, consistente en la eliminación de las desgravaciones a centrales térmicas.

Así, el alto tribunal sigue la recomendación del Tribunal Constitucional, que se mostró partidario de acudir al tribunal europeo para resolver la adecuación de la normativa al derecho comunitario.

De esta manera, el Supremo ha abierto periodo de alegaciones a los recurrentes y al abogado del Estado antes de plantear la cuestión al TJUE.

Estos impuestos han recaudado desde el inicio de su aplicación en 2013 unos 6.950 millones de euros, del orden de 1.900 millones de euros anuales, para evitar la aparición del déficit de tarifa, según adelantaba este martes ‘El Economista’.

Esta no sería la primera vez que el Supremo decide acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el caso de la Ley que establece las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética también acordó plantear una cuestión prejudicial al TJUE, al tener dudas sobre su compatibilidad con la directiva comunitaria de eficiencia energética.

Asimismo, en el fallo que ‘tumbó’ el régimen de financiación del bono social de la luz, el Supremo también consideró determinante la jurisprudencia del TJUE respecto a una consulta del Gobierno francés acerca de la posibilidad de aplicar un bono social del gas con una financiación parecida a la española, en la que una serie de empresas se encarga de sufragar la ayuda.