Las empresas que optan a determinados concursos ya están advertidas que lo que se pretende hacer está fuera de la ley», ha apuntado Rodríguez. Un referéndum que, en su opinión, es un “trampantojo” para generar una “ilusión” que no es más que un “engaño” a los ciudadanos porque “no tiene ningún tipo de validez legal”. Así las cosas, el líder popular catalán está convencido de que este proceso acabará con la celebración de elecciones autonómicas.

El secretario del PPC ha aclarado, por otra parte, que no pasará lo mismo con las personas que quieran participar voluntariamente en el referéndum: «No tienen una responsabilidad y quien quiera ir a hacer de voluntario no es absolutamente perseguible «. Ante los micrófonos del programa “Conversaciones”, de COPE Cataluña y Andorra lamentó que la intención del gobierno catalán sea «engañar» a los catalanes con un anuncio de referéndum que no se cumplirá. «No habrá las garantías democráticas que puede ofrecer un referéndum. Digamos que se hará una manifestación independentista, pero no un acto de democracia «, ha dicho.

Sobre la denominada ley de transitoriedad jurídica catalana, el líder popular ha asegurado que no tiene ningún sentido. «Las leyes de transitoriedad jurídica tuvieron sentido en España en 1977, cuando veníamos de una legislación no legítima, proveniente de una dictadura y hubo una transición hacia una democracia «. Según Rodríguez, el objetivo del gobierno catalán es «trasladar la idea de que la democracia española no es una auténtica democracia». Y ha añadido: «La CUP tiene aprendido este discurso desde siempre, y ahora se ha añadido el gobierno de la Generalitat» de Junts X Sí, integrado por PDCat (ex Convergència) y ERC.

Rodríguez también ha expuesto que la puerta del diálogo siempre está abierta por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Del mismo modo, afirma que la actitud de Puigdemont pone en evidencia que el Gobierno autonómico «sólo está dispuesto a dialogar sobre el referéndum» y sobre «cómo repartirse los activos del Estado en Cataluña». Santi Rodríguez ha dicho que esta «es una estrategia que pretende deslegitimar el sistema jurídico español» y que solo puede terminar «con unas elecciones autonómicas».