La Cámara de Comercio de Barcelona ha denunciado que las empresas catalanas perderán competitividad frente a las vascas en virtud del acuerdo firmado entre PP y PNV para la aprobación de los Presupuestos del Estado para el 2017, ya que el Gobierno se ha comprometido a englobar las tensiones de 30kV 36KV en la tarifa 6.2 a partir de 2018.

En una nota facilitada, la Cámara barcelonesa señala que en Cataluña la tensión más habitual en la que opera la red de distribución es la de 25kV, mientras que en otras zonas de España, las compañías distribuidoras operan a tensiones superiores, como por ejemplo los 33kV. A pesar de que tanto una como la otra tienen características similares y suministran al mismo tipo de empresa, la diferencia radica en la arquitectura con la que se ha diseñado la red y, por lo tanto, “la lógica lleva a pensar que ambas tensiones deberían tener el mismo precio”, circunstancia que fue así hasta el año 2014, pero a partir de 2015 se creó una nueva banda de peaje, de entre 30kV y 36KV, que tenía un precio de acceso un 16% inferior aproximadamente al de tensión inferior a 30kV (la que es habitual en Cataluña).

Según la institución presidida por Miquel Valls, esa circunstancia supone “un agravio comparativo con evidentes consecuencias económicas entre industrias similares ubicadas en diferentes territorios”. Agravio que “se ha ampliado con el acuerdo para la aprobación de los Presupuestos del Estado de 2017”. Según este acuerdo firmado entre el PP y el PNV, a partir de 2018 se elimina la banda de peaje (30kV-36KV) y pasa a incorporarse en el rango de potencia superior (30kV-72kV) que aún se beneficia de unos peajes mucho más favorables.

La consecuencia de todo esto es, según la Cámara de Barcelona, que una empresa industrial con suministro de tensión de 25kV (la más habitual en España) acabará pagando un sobrecoste del 45% por el concepto de «peaje de acceso» y, como resultado, su factura eléctrica será entre un 15% y 20% superior a la de otra industria de las mismas características pero suministrada a 30kV (mayoritariamente ubicadas en el País Vasco, pero también en Navarra, Andalucía, Castilla y León, Cantabria o Asturias).

5.800 industrias afectadas

Las empresas afectadas por esta penalización (conectadas a una potencia eléctrica de 25 kV) son 5.800 en todo el territorio español, según la Plataforma Wv25 / 30, más de la mitad de las cuales están ubicadas en Cataluña (3.277 establecimientos industriales). El resto, están repartidas por diferentes comunidades. Por eso, la Cámara de Barcelona asegura que “Cataluña será la comunidad más afectada por esta decisión política”.

La institución económica catalana agrega que “una decisión política de este tipo no tiene ninguna justificación económica ni empresarial, y más teniendo en cuenta que hoy la competencia en el sector industrial es global y, por tanto, un diferencial en el coste de producción afecta directamente a una reducción en el margen y, en consecuencia, de la inversión futura y la posibilidad de creación de puestos de trabajo”.

Además, añade que “este agravio comparativo no sólo perjudicará la competitividad de las empresas catalanas en el mercado español sino también en sus exportaciones en competencia con empresas ubicadas en otras comunidades que soportan menos costes de producción”. La Cámara añade que hay recordar que España es uno de los países donde más han aumentado las tarifas eléctricas en los últimos años y donde se paga más cara la electricidad porque se aplican menos incentivos a los establecimientos industriales que en otros países, como por ejemplo en Alemania.