Con suavidad en las formas y contundencia en el contenido se estrenó la nueva portavoz socialista Margarita Robles preguntando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,  si la inconstitucionalidad de la «amnistía fiscal» no acarrea consecuencias políticas. Robles leyó el párrafo más duro de la resolución, ese que habla de «la abdicación del Estado» ante el deber de todos los ciudadanos de pagar impuestos. Cuando se perdonan los impuestos a los defraudadores millonarios y se incrementan a la mayoría de los ciudadanos, ¿con qué fuerza moral se puede decir que la ley es igual para todos? Y otra cuestión más importante, en boca de Robles: «Cuando una sentencia unánime del tribunal de garantías constitucionales no tiene consecuencia políticas, ¿con qué fuerza moral va a hacer caso de otras sentencias?»

La portavoz fue acogida con aplausos de la bancada socialista, donde se han elevado voces críticas porque ha sido designada por Pedro Sánchez sin estar afiliada al PSOE. Tampoco el fallecido José Antonio Alonso estaba afiliado al partido cuando Zapatero le nombró portavoz parlamentario (se afilió después). Es lo que tiene la democracia, que el que gana, manda y nombra a las personas de confianza que le parecen más adecuadas. Y a la democracia apeló Rajoy, un dactilar de toda la vida, para contestar a Robles y a las preguntas que también le formularon Aitor Esteban, del PNV, y Joan Baldoví, de Compromís.

Rajoy respeta la división de poderes, no valora las sentencias ni entra en polémica. Simplemente las acata. Y la que anula la amnistía fiscal, pues mire usted, se debe a que «la regularización» (prefiere esa palabra) se hizo por decreto en vez de proyecto de ley (de larga tramitación) «y no produce efectos fiscales», recordó. Era además una medida necesaria porque el déficit había subido al 9%, había 70.000 millones menos sobre la recaudación prevista y todo el mundo sabe que la herencia era envenenada. Con la amnistía se recaudaron 1.200 millones y afloraron 40.000 millones de euros que ahora pagan impuestos. «Con ustedes no pagaban ni se identificaban porque les dieron pagarés opacos en 1991», remató Rajoy.

Como si el presidente hubiese decidido convertir el miércoles, 21 de junio, san Luis Gonzaga en el santoral, en el «día de la democracia», no dudó en atribuir a la «grandeza de la democracia» la condena a España por el «caso Atutxa». La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos demuestra, según dijo, que «el estado de derecho ha funcionado en España y en Europa, esa es la grandeza de la democracia». Pues no, lo que la sentencia condenatoria demuestra  es que la inhabilitación y la multa de 40.000 euros al presidente del parlamento vasco, Juan María Atutxa, por no disolver el grupo parlamentario de Batasuna. fue adoptada por el Supremo sin escuchar siquiera a Atutxa y a los otros dos condenados, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao.

Con la democracia en las narices golpeó también a Baldoví, quien sacó del bolsillo un decálogo de abusos, corruptelas y mentiras (incluidos los 60.000 millones de euros del rescate bancario a «coste cero para los ciudadanos») para preguntarle cuando piensa «hacer un gran servicio al país y dimitir». «Lo lamento mucho, pero no me ha convencido», le respondió Rajoy. «A lo mejor a usted no le gusta mucho el sistema democrático, pero yo tengo 137 diputados y usted cuatro».            Luego ya, en respuesta a Alberto Garzón, el ministro Luis de Guindos se ocupó de restar del coste del rescate bancario los 9.000 millones que, según dijo, Bankia y las cajas de ahorros rescatadas han devuelto a los accionistas y preferentistas. Y, por supuesto, Montoro se defendió a si mismo del varapalo del Constitucional sobre una amnistía fiscal que tampoco a él le gustó.

En el pleno se estrenó asimismo la vicesecretaria general del PSOE y diputada asturiana Adriana Lastra, exigiendo a Montoro transparencia sobre el patrimonio de los altos cargos. Y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, dio la nota, tachando de «miserable» al titular de Interior, Juan Ignacio Zoido por no atender la ampliación de la plantilla de Mossos d’Esquadra en 500 efectivos. El ministro recordó que el presidente catalán no acudió a la conferencia de presidentes convocada por Rajoy, en la que se trató sobre las plantillas de empleados públicos, consideró desorbitada la tasa de reposición y se mostró dispuesto a negociar con la Generalitat. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, preguntó a Rufián si retiraba el término «miserable», y como éste dijo que no, ejerció su poder democrático para que el insulto no figure en el Diario de Sesiones. Quiere decirse que sobre el uso de epítetos también rige la democracia.