Pese a los augurios de una parte de las cajas rurales, el real decreto-ley de reforma del régimen jurídico de las cooperativas de crédito aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de junio no impone el modelo Cajamar, el único en el que existe mutualización total de los beneficios y consolidación de todas las entidades (que conservan su marca y su vinculación al territorio en el que operan) integradas en el grupo. Todo lo contrario, el Ministerio de Economía, pese a que el Banco de España prefiere claramente la mutualización completa, genera dos fórmulas distintas de integración de las cajas rurales y de las cooperativas de crédito:

1. los Mecanismos Institucionales de Protección (MIP) reforzados, que mutualizan al 100% los beneficios y los riesgos y cuentan con una entidad cabecera que dirige prácticamente la totalidad de las decisiones del grupo consolidable. Encaja a la perfección con la propuesta del Grupo Cooperativo Cajamar, del que forman parte una veintena de entidades, y que cuenta con el Banco de Crédito Cooperativo como cabecera.

y 2. los MIP normativos: no tienen que mutualizar al 100% los beneficios y los riesgos y se caracterizan por la constitución de un fondo de garantía privado financiado previamente por las entidades miembros del grupo que se utilizará para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de las entidades que participan en la alianza. Es la opción que mejor describe al Grupo Caja Rural, formado por una treintena de entidades.

Está más cerca de este segundo modelo el Grupo Cooperativo Solventia, creado el 30 de junio de 2011, formado por 6 entidades (Adamuz, Baena, Cañete de las Torres, Nueva Carteya, Utrera y Almendralejo), con esta última como entidad cabecera del grupo, donde no hay mutualización obligatoria de beneficios.

El Grupo Caja Rural de Castilla, la antigua Caja Rural de Toledo, que ha optado por su propio camino, hasta ahora en solitario, aunque quiere protagonizar más integraciones de entidades, deberá optar por uno de los dos modelos de MIP.

El sector de las cajas rurales aplaude la reforma porque se ajusta en gran medida a sus peticiones, teniendo en cuenta que en él conviven realidades muy distintas. Y sobre todo porque diseña dos modelos distintos de unión entre entidades, con lo cual respeta la idiosincrasia de los dos principales grupos existentes en la actualidad: Cajamar y Grupo Caja Rural. La reforma tiene un impacto mucho menor en las cooperativas de crédito que no con cajas rurales, como las profesionales y las populares

El Ministerio de Economía no quiere que se repitan casos como el de Bantierra, que sobrevive gracias a la respiración asistida de la financiación proporcionada por otras cajas rurales y cooperativas de crédito, incluso algunas como Cajamar o Laboral Kutxa, ajenas completamente al Grupo Caja Rural, al que pertenece la entidad aragonesa.

Gran relevancia en la financiación de agentes pequeños

Inmediatamente después de la resolución del mayor quebradero de cabeza, que era el Banco Popular, ya en proceso de absorción por el Santander, Economía reforma la normativa de las cooperativas de crédito, que se remonta a 1989. Y lo hace subrayando que “el sector supone el 6% del sistema crediticio y tiene una gran relevancia en la financiación de agentes económicos de menor tamaño del sector agrario, industrial y profesional, tales como pymes, autónomos o emprendedores”.

Para ello, elabora una norma que favorece “los procesos que contribuyan al fortalecimiento y a aumentar la resistencia de estas entidades” mediante la propuesta de  incentivos para constituir los MIP. “Las entidades que lo integran tienen un perfil de riesgo menor al aumentar su solvencia, lo que permitirá reducir los requerimientos mínimos de pasivos capaces de absorber pérdidas a efectos de una eventual resolución y las aportaciones que las entidades integrantes de un MIP deben realizar al Fondo de Garantía de Depósitos”, explican en el Ministerio de Economía.

Además, las operaciones desarrolladas por una cooperativa de crédito con las otras entidades integrantes del MIP del que forma parte no computarán a efectos del límite para las operaciones activas con terceros del 50% de los recursos totales, especificado en la Ley de Cooperativas de Crédito. Las cooperativas de crédito de un mismo MIP podrán tener mayores exposiciones entre sí no limitadas.

Y el fondo de garantía privado, que institucionaliza de alguna manera las líneas de ayudas de las entidades del sector a las que tienen problemas, tampoco tendrá límites a la hora de invertir en el capital de una de las cooperativas integrantes del MIP. Levantar esta limitación facilita el uso del fondo cuando una entidad participante lo necesite. Sin embargo, se deberá presentar al Banco de España, para su aprobación, un plan de actuación a efectos de garantizar la viabilidad que contenga medidas concretas dirigidas a permitir la desinversión en la cooperativa de crédito, en condiciones adecuadas para todas las entidades integrantes del MIP.

Aunque la integración de las cajas rurales y de otras cooperativas de crédito en los MIP no tiene plazo, ya que se supone que es un proceso ‘voluntario’, la invitación de Economía a que se profundice en el proceso de concentración del sector es muy evidente.

Tras la norma, las cajas rurales se encaminan claramente hacia la coexistencia de dos modelos: el de Cajamar y el del Grupo Caja Rural.