«Accedemos a la petición del Gobierno de que se mantengan los requerimientos en la medida que estos requerimientos impiden la aplicación de la orden ejecutiva de Donald Trump con respecto a los ciudadanos extranjeros que carecen de una relación ‘bona fide’ con personas o entidades de Estados Unidos». La acción del Supremo especifica que el veto migratorio de Trump será efectivo excepto para las personas que tengan una relación ‘bona fide’ con el país, es decir, las que tengan algún vínculo con Estados Unidos a nivel familiar, laboral, educativo o de otro tipo.

La argumentación del caso comenzará el próximo mes de octubre, ya que la decisión de admitir a trámite el caso ha sido anunciada este lunes, último día del periodo de sesiones del tribunal. El documento está publicado aquí (https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/16-1436_l6hc.pdf).

La orden presidencial de Trump prohibía durante 90 días la entrada a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana –Yemen, Sudán, Libia, Siria, Somalia e Irán– por motivos de seguridad y suspendía el programa de acogida de refugiados durante 120 días, el periodo necesario, según la orden, para mejorar el sistema de vigilancia para evitar la infiltración de personas peligrosas.

Sin embargo, dos tribunales de apelaciones suspendieron las partes más importantes de la orden presidencial y por eso la Casa Blanca ha apelado al Supremo.

Durante la campaña electoral, Trump destacó la importancia de impedir que la población musulmana tuviera acceso a Estados Unidos. Estas declaraciones han sido utilizadas para argumentar que se trata de un veto discriminatorio basado en motivos religiosos y, por tanto, inconstitucional.