Cristóbal Montoro, responsable de economía de partido Popular, dijo unos días antes de que se celebraran las elecciones municipales y autonómicas que se iban a revisar las cuentas de las administraciones en las que se generara un cambio político. Se refería, obviamente, a aquellas comunidades autónomas y grandes ayuntamientos en los que el poder pasara de manos socialistas a las de su partido.

Los resultados electorales han provocado esos cambios en cinco comunidades autónomas y en varios ayuntamientos. Pero la incidencia económica de este cambio será mínima en lo que se refiere a la posible aparición de un déficit oculto de cierta importancia.

Castilla- la Mancha, Baleares y Cantabria tendrán un gobierno el PP con mayoría absoluta. En Aragón y Asturias es posible que también haya un cambio de mayoría pero en estos casos no será el PP quien ostente el poder en solitario.

La importancia económica de estas cinco comunidades autónomas es relativa, apenas suponen el 12,4% del producto interior bruto nacional y su deuda agregada es un poco superior, pero no llega al 14% del total de la deuda autonómica. Por eso, y aun suponiendo que se aflorara un porcentaje de déficit en todas ellas similar o incluso superior al que el gobierno catalán contabilizó tras su proceso electoral de hace unos meses, su repercusión sería pequeña.

La deuda de las cinco comunidades autónomas supera ligeramente los 15.000 millones de euros, la mitad que la deuda catalana y 2.000 millones de euros menos que la que tienen la Comunidad Valenciana. Según Analistas Financieros Internacionales si estas administraciones afloraran el equivalente a un punto de su PIB, lo que sería algo menos del doble de lo que sacó a la luz del ejecutivo de Artur Mas, el déficit regional se vería incrementado en unos 1.200 millones de euros, tan solo una décima más del efectivamente reconocido en 2010.

La pequeña incidencia económica que pueda tener una decisión de ese tipo no impide que pudiera tener importantes repercusiones políticas y, sobre todo, que sirviera de justificación para la adopción de medidas impopulares que puedan llegar a tomar los nuevos gobiernos autonómicos para garantizar su estabilidad financiera futura.

Porque siempre es más fácil adoptar decisiones de recorte del gasto aduciendo despilfarros o mala gestión anterior que hacerlo partiendo de cero. Es probable que algunos de los nuevos gobiernos regionales se inclinen por hacerlo así. Pero también se pueden encontrar con un inconveniente: que aquellas comunidades autónomas donde no hay cambio de Gobierno, porque lo sigue ejerciendo el Partido Popular al haber revalidado su mayoría, no tomen medidas adicionales y, por tanto, se empiece a generar una diferenciación entre unas y otras comunidades.

Aflorará déficit oculto porque, previsiblemente, existe y será bueno que las cuentas estén lo más claras posibles. Pero no servirá para cambiar la realidad de unas economías deprimidas por la crisis.