La Consejería de Gobernación de la Generalitat ha declarado desierto el concurso para homologar a empresas que fabrican urnas, aunque no renuncia a disponer de ellas a través de otro procedimiento.

El proceso de licitación ha sido polémico porque la Fiscalía se ha querellado contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, y el secretario general en el momento de la licitación, Francesc Esteve, al entender que las urnas podrían usarse para el referéndum anunciado para el 1 de octubre. Precisamente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abrió investigación la semana pasada a Borràs y Esteve por esta licitación de compra de urnas al admitir a trámite la querella de la Fiscalía.

La portavoz del Govern, Neus Munté, dijo la semana pasada que la querella no tiene base jurídica y que «las empresas conocen perfectamente el marco legal vigente y la legalidad de este procedimiento administrativo. Deben poder hacer su trabajo con tranquilidad y sin amenazas».

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