El Congreso ha dejado para esta última semana de junio el homenaje anual a las víctimas del terrorismo y la celebración del 40º aniversario de las primeras elecciones democráticas tras el fin de la dictadura. En el homenaje a las víctimas, celebrado el martes en el salón de pasos perdidos con la presencia de Mariano Rajoy, la mayor parte de los ministros y los presidentes de las demás instituciones centrales del Estado, fue reseñable el calificativo de «paripé» que dedicó la presidenta de la Fundación Víctimas de Terrorismo, Mari Mar Blanco, a la entrega de las armas en Francia por parte de ETA. La hermana de Miguel Ángel Blanco, el joven concejal del PP, secuestrado por ETA y asesinado tras la negativa del entonces jefe del Gobierno, José María Aznar, a negociar mejoras penitenciarias para los terroristas, reclamó firmeza y unidad política para no «blanquear la historia» de quienes arrebataron la vida a cientos de personas inocentes.

Fue reseñable asimismo la alusión de la presidenta de la Cámara, Ana Pastor Julián, al terrorismo yihadista, que ha cometido en España «el mayor zarpazo perpetrado en la historia de Europa», según dijo en alusión a los atentados del 11 de marzo de 2004 en los trenes de cercanías con destino en la estación de Atocha (Madrid). Reseñable porque, sin citar expresamente los atentados de Atocha, parece haber pasado página de las miserables teorías conspiranoicas de los aznaristas que tanta inquina política esparcieron contra el Gobierno de Zapatero, contra Gregorio Peces Barba que en paz descanse y también contra los familiares de los 192 muertos.

Los servicios protocolarios de la Cámara no incluyeron al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien se acababa de reunir en sede parlamentaria con el dirigente de Podemos, Pablo Iglesias Turrión, y se quedó fuera del acto oficial. Las comisiones de Justicia y Educación suspendieron la sesión para que los diputados pudieran estar con las víctimas. No así, la de Economía, Industria y Competitividad, que preside el jurista del PP Arturo García Tizón. Debatía en ese momento (las doce de la mañana) una proposición no de ley de ERC, enmendada y apoyada por el PSOE y UP, que obliga al Banco de España a ordenar sus archivos y verificar las cuentas de ahorro incautadas a las familias republicanas. La portavoz de ERC, Ester Capella, dijo que miles de familias quedaron en la ruina y estimó que el valor de lo incautado subiría a 3.000 millones de euros en dinero actual. La proposición no de ley quedó aprobada.

Pero decía que el Congreso ha decidido celebrar el 40º aniversario de las elecciones del 15 de julio de 1977, las primeras tras el final de la dictadura franquista, con una sesión solemne el miércoles, 28 de junio, que estará protagonizada por el rey Felipe VI de Borbón. El jefe del Estado aprovechará su discurso para apelar a la unidad frente al secesionismo catalán. Todos los presidentes autonómicos y también Pedro Sánchez están invitados al acto.

Comoquiera que 25 de los 46,5 millones de españoles (más de la mitad) no habían nacido en aquella fecha, bueno será recordar que Adolfo Suárez, con la inestimable ayuda del general Andrés Casinello, entonces jefe de los servicios secretos y persona de una lealtad inquebrantable al verdadero impulsor de la democracia, y la colaboración de Rodolfo Martín Villa, lograron restaurar la «legitimidad democrática catalana» antes incluso de lo que muchos esperaban, pidiendo al presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, que regresara. Y aquel hombre sencillo, alto, bueno, cabeza en torre, aceptó encantado y regresó. Famoso fue su «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!».

Suárez se jugó el bigote con la legalización del PCE (el rey Juan Carlos, designado por Franco maniobró para que se presentaran como independientes, lo que fue rechazado de plano por Santiago Carrillo) y entendió perfectamente eso tan difícil de digerir para la derecha tradicionalista y centralista: que España es una nación con nacionalidades históricas. Nada se habría hecho sin el diálogo y la generosidad de la que carecen algunos políticos hogaño. Con que tomaran nota de la ejemplaridad de aquellos antecesores sería suficiente y, de paso, nos ahorrarían sesiones borbónicas.