El Congreso eleva al 30% la deducción a los autónomos por suministros

29/06/2017

Luis M. del Amo. Retirar a la Seguridad Social de la financiación de las tarifas planas llevará cuatro años.

La comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso ha dado hoy luz verde a la proposición de ley urgente del trabajo autónomo. El texto incluye algunas novedades respecto a lo previamente anunciado. La principal es que los autónomos podrán deducirse un 30% de los gastos de luz, agua y telefonía, según la proposición cuya entrada en vigor tendrá lugar a finales de julio.

Además, el texto prevé retirar a la Seguridad Social de su papel actual de financiador de las tarifas planas. Sin embargo, convertir estas reducciones en bonificaciones será un proceso largo. Gradualmente, a lo largo de 4 años, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se irán haciendo cargo de pagar estas ayudas.

Aprobada por unanimidad

La comisión ha aprobado este jueves por unanimidad la proposición de ley urgente del trabajo autónomo, con un incremento, hasta el 30%, de la deducción de los gastos por suministros de los autónomos que trabajen en su domicilio; frente al 20% adelantado. Esta ampliación se incluyó ayer en este texto cuyo articulado –impulsado por Ciudadano — ha contado con aportaciones de buena parte de los grupos presentes en la comisión de Empleo y Seguridad Social de la cámara baja.

Además, el texto incluye otras medidas ya adelantadas, como una deducción por gastos de manutención, por importe de 26,7 euros diarios, siempre que se realicen en establecimientos hosteleros y mediante procedimientos electrónicos; una cantidad que asciende a 48 euros por gastos en el extranjero.

También se amplía la tarifa plana de 50 euros a un año. Y se reduce el plazo para reemprender acogiéndose a este beneficio, entre otras medidas ya avanzadas.

Por su parte, los grupos políticos se han felicitado de la aprobación de la proposición de ley, que ahora viaja al Senado, donde el Partido Popular goza de amplia mayoría. Por lo que se prevé que la ley, que se ha negociado hasta el último minuto en la comisión, entre en vigor a finales del mes de julio.

Durante su intervención, el portavoz de PDECAT, Carles Campuzano, ha justificado el voto favorable de su grupo a la nueva normativa si bien ha advertido de la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma del régimen de autónomos (RETA), especialmente en lo referido a la posibilidad de cotizar a tiempo parcial.

Por su parte, Joan Capdevila, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha desvelado que su grupo cambió la orientación de su voto cuando el Grupo Popular y Ciudadanos – el promotor de la ponencia – accedieron a introducir los gastos de manutención como gasto deducible en la proposición de ley.

De otro lado, Sergio del Campo, de Ciudadanos, ha agradecido especialmente la labor de los representantes de PdeCat, PNV y ERC en el proceso de tramitación de una ley que “da voz” a los autónomos, al incluirlos en la composición del Consejo Económico y Social (CES), según ha dicho tras repasar las principales medidas de la nueva normativa.

En cambio, Alberto Montero, de Unidos Podemos, ha reprochado la no admisión de propuestas como la cotización en base a los ingresos reales de los autónomos o medidas de especial protección a los Trade, los autónomos económicamente dependiente, si bien ha reconocido los “pequeños avances” incluidos en el texto.

Falta la cotización por ingresos reales

Las críticas más duras han llegado de la mano de Rafal Simancas, del Grupo Socialista, quien, además de reprochar la demora en la tramitación de una ley que ha comparado con el “parto de los montes”, ha calificado de “poco sustantivos” los avances incluidos en la ley.

Simancas también ha recordado las “promesas incumplidas” como son la cotización en base a los ingresos reales, la exención de cotización para los autónomos con ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) o el derecho de los autónomos a renegociar sus deuda con la Seguridad Social; medidas todas ellas que han quedado finalmente fuera de la norma.

Además, Simancas también ha criticado que la transformación de las reducciones de cuotas en bonificaciones se vaya a hacer de forma gradual en el plazo de cuatro años y en función de la capacidad del Servicio Estatal de Empleo (SEPE).

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