Puesto que la actividad parlamentaria de la semana se resume con la palabra “escasa”, la principal novedad ha sido el pacto abrochado entre los portavoces del PP y del PSOE, Soraya Sáenz de Santamaría y José Antonio Alonso, respectivamente, sobre el núcleo de la proposición de ley de reparación de las víctimas del terrorismo. Soraya, que está embarazada de dos meses y espera ser madre en diciembre, y José Antonio han puesto su firma sobre un total de 35 enmiendas al texto inicial. En ellas amplían los derechos de los familiares y causahabientes y crean el Centro de la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que se instalará en el País Vasco. Pero, sobre todo, en las modificaciones incluyen la exigencia de que ningún gobierno democrático negociará con los terroristas.

Aunque se trata de recoger una demanda muy sentida de las familias que perdieron a sus seres queridos, el precepto elimina el margen de maniobra de cualquier gobierno y condiciona incluso la voluntad popular, por lo que podría ser tachado de inconstitucional. ¿Qué ocurrirá si un candidato a la jefatura del Gobierno lleva en su programa electoral la salida negociada al terrorismo de ETA y obtiene el respaldo mayoritario en las urnas para hacerlo? ¿Prevalecerá el precepto pactado el martes a la voluntad popular? De nuevo el eterno conflicto entre ética, moral y política aparece en el debate. Si la política (para el conjunto) se somete a un determinado grupo (con su moral, la que sea) está abocada al fracaso.

No hay duda de que los legisladores –y el conjunto de los españoles de buena voluntad– quieren lo mejor para los que han visto arrancada de la noche a la mañana las vidas de sus seres queridos. Pero tampoco se puede dudar de que el final del terrorismo y la paz es un bien para el conjunto de la sociedad. Y si para eso, un Gobierno democrático ha de hablar con los individuos armados y negociar la entrega de las armas, como está ocurriendo en Afganistán, incluso a cambio de dinero de todos los españoles, puede hacerlo. El presidente Rodríguez Zapatero pidió permiso al Congreso para hablar con ETA y lo obtuvo. El diálogo no prosperó, pero, como ocurrió en otros procesos, sembró la semilla de la división entre los etarras.

El trasfondo del precepto acordado por populares y socialistas obedece a una política de unidad y firmeza contra ETA que está dando buen resultado. No obstante, el PP ha agitado periódicamente a las víctimas contra el Gobierno a cuenta de los fantasmagóricos diálogos bajo cuerda que con regularidad anuncia y denuncia el eurodiputado y ex ministro de la “tregua trampa” Jaime Mayor Oreja. Ahora se teme que Rubalcaba pueda negociar la disolución de la organización terrorista y obtener alguna ventaja electoral, por lo que aprovechan la ley de víctimas par atar corto al “esprínter”.