Su primera declaración en dependencias judiciales se produjo un día después de su detención y en ella el presunto cabecilla de la trama negó los hechos que se le imputaban y matizó que siempre había actuado en el marco de la legalidad.
El entonces instructor del caso, el juez Eloy Velasco, decretó prisión incondicional sin fianza para él y su hombre fuerte en Sudamérica, el expresidente de Inassa (filial del Canal de Isabel II), Edmundo Rodríguez Sobrino, por irregularidades en la compra de la empresa brasileña Emissao.
El juez Velasco expuso que los directivos de la sociedad están implicado en el desvío de 25 millones de dólares de las arcas públicas a paraísos fiscales mediante una operativa que implica igualmente a los también imputados Adrián Martín, exgerente del Canal, y María Fernanda Richmond, exdirectora financiera de la sociedad.
Rebaja de la fianza para Richmon
En relación a esta última, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha acordado este viernes una rebaja de la fianza impuesta de cuatro millones de euros a 100.000 un día después de tomarle declaración en dependencias judiciales.
Richmond, en prisión desde el pasado 20 de abril, solicitó voluntariamente esta declaración para exponerle que su posición en el Canal de Isabel II no le colocaba en situación de conocer el presunto desvío de fondos, motivo por el cual pidió ejercer su defensa desde la libertad y que se le rebajara la cuantía de la caución, según fuentes jurídicas.
Edmundo Rodríguez Sobrino también ha pedido declarar ante el nuevo juez, cita que previsiblemente tendrá lugar el día 11, por lo que el expresidente de la Comunidad de Madrid se convierte en el tercer implicado en la trama que solicita ser interrogado por Manuel García Castellón.
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