La intervención del Banco Popular el 7 de junio por la Junta Única de Resolución (JUR), y su adjudicación por 1 euro al Santander, ha permitido mantener la actividad del banco y la estabilidad del sistema financiero sin recurrir a dinero público. Pero «la implementación efectiva de la transferencia de Banco Popular a Banco Santander necesita ser vigilada de cerca por las autoridades supervisoras», señalan la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) tras su séptima visita de control a España tras el rescate de la banca.

Especialmente, se pretende «seguir de cerca» cualquier riesgo derivado de los potenciales costes por litigios que puedan surgir tras la resolución del Popular, que provocó la pérdida de toda su inversión para accionistas y bonistas.

En declaraciones a los medios en la reunión del G-20, que se celebra en Hamburgo (Alemania), el ministro de Economía, Luis de Guindos, prefiere destacar que el informe de los ‘hombres de nego’ pone de manifiesto que «no ha habido ningún tipo de impacto en el contribuyente, que era el objetivo fundamental de la Unión Bancaria».

Sobre los litigios, De Guindos replica que «quien considere que sus derechos no han sido respetados puede plantear todo tipo de cuestiones ante las autoridades judiciales», pero recuerda que «lo importante es que en este procedimiento no ha habido un solo euro de dinero público, los depositantes han mantenido el valor de sus cuentas y depósitos, y el Banco Popular pudo abrir al día siguiente, lo cual hubiera sido imposible en la alternativa de un concurso».

La Comisión Europea y el BCE no se limitan a este asunto, ya quye su informe insiste en la baja rentabilidad de la banca en España. Este escaso rendimiento y las nuevas exigencias regulatorias, obliga a las entidades a adaptar su negocio, penalizado por el lastre de los activos improductiovos y los créditos impagados.

El temor que existe tanto en Bruselas como en Fráncfort es que la búsqueda de una mayor rentabilidad y la competencia por nuevos negocios genere una incorrecta evaluación del riesgo en algunas carteras, por lo que el informe recuerd algunas malas prácticas en la concesión de préstamos anteriores a la crisis.

También «debe vigilarse de cerca» si el impacto de las sentencias sobre las claúsulas suelo está siendo debidamente provisionado por las entidades.

«Lentitud» en la privatización

El informe de la Comisión Europea y del BCE ‘regaña’ al Gobierno español por la «lentitud» de los procesos de reprivatización de las entidades rescatadas durante la crisis. Y reclama progresos en la desinversión pública en Bankia y BMN, mientras queda muy claro que tanto Bruselas como Fráncfort siguen vigilando la implementación de los planes de reestructuración y de integración de las dos entidades.

Y critica la decisión del Gobierno de dar más plazo a las fundaciones bancarias que controlan los bancos de las antiguas cajas, porque «reduce los incentivos para que vendan sus participaciones de control» en esas entidades.