El Código de Buenas Prácticas (CBP) ha permitido que 45.697 familias hayan podido beneficiarse de una reestructuración de su deuda hipotecaria. En los más de cinco años de vigencia del Código se han realizado 38.595 reestructuraciones de deuda pendiente, 7.095 daciones en pago y 7 quitas, según la información remitida al Congreso por la Comisión de Control.

En el conjunto de 2016, se han llevado a cabo 14.730 operaciones a través del Código, un 2% más que el año anterior. De esta cifra, 13.669 operaciones corresponden a reestructuraciones de deuda y 1.060 a daciones en pago.

El Código, junto con el Fondo Social de Viviendas y la suspensión de los lanzamientos hipotecarios, forma parte del conjunto de medidas impulsado por el Gobierno para hacer frente al problema de los desahucios.

En el Ministerio de Economía destacan que 78.798 familias se han beneficiado de estas medidas destinadas a colectivos en riesgo de exclusión: 45.697 gracias al Código de Buenas Prácticas; el Fondo Social ha permitido la asignación de 9.062 viviendas al cierre de 2016, y se han suspendido 24.039 lanzamientos a través de la moratoria hipotecaria (datos hasta febrero de este año).

Reducción de las solicitudes

Según la información remitida al Congreso, se observa una reducción de las solicitudes de reestructuración de deuda a través del Código de Buenas Prácticas en correlación con el impulso de la economía española. En el segundo semestre de 2016 se han recibido 9.239 solicitudes frente a las 17.306 del primer semestre. De éstas, se han realizado 5.223 operaciones, de las que 4.806 han sido reestructuraciones de deuda y en 417 casos, dación en pago.

Las Comunidades Autónomas que mayor número de solicitudes registraron en el último semestre del año fueron Andalucía, Cataluña y Valenciana. Los deudores de estas regiones son los que más uso han hecho del Código de Buenas Prácticas desde 2015. El tipo de interés medio de los préstamos de las familias solicitantes se situó en el 2,13% frente al 2,98 del primer semestre, y el tramo de deuda en el que se encuentran la mayoría de los solicitantes se sitúa entre 100.000 euros y 150.000 euros.

El Código de Buenas Prácticas se firmó en marzo de 2012 con la práctica totalidad de las entidades con actividad hipotecaria en España (actualmente, 93). El Gobierno impulsó este Código de adhesión voluntaria pero de cumplimiento obligatorio durante dos años para las entidades firmantes. El objetivo es dar solución a las familias con dificultades para hacer frente al pago de sus deudas hipotecarias, bien por encontrarse en situación de desempleo o ausencia de ingresos.

Los deudores hipotecarios incluidos en el ámbito de protección del Real Decreto-ley son los titulares de préstamos o créditos con garantía hipotecaria, que se encuentran con dificultades sobrevenidas para hacer frente a los pagos de sus préstamos, por cuanto los miembros de su unidad familiar no tienen rentas derivadas del trabajo o actividade económicas y las cuotas a pagar superan el 40%-50% de sus ingresos.

El Real Decreto-ley prevé que puedan solicitar una reestructuración de su deuda, una reducción de la misma de modo que disminuya el importe de sus cuotas o, en último término, entregar la vivienda quedando cancelada la deuda.