La Junta Única de Resolución (JUR) no publicará el informe de Deloitte, clave en la resolución de la entidad y que otorgó al banco una valoración de entre 2.000 millones  y 8.200 millones de euros negativos, porque «contiene información confidencial».

Su presidenta, Elke König, informó de esta decisión durante su intervención en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, su primera comparecencia pública tras la resolución de Banco Popular y su posterior venta a Banco Santander al precio simbólico de un euro,

König entiende que «nadie está contento» con la resolución de una entidad, «y más si implica que los accionistas y bonistas pierden íntegramente su inversión», pero considera que la resolución y venta a Santander fue la opción «más adecuada» al no suponer un coste para los contribuyentes y garantizar la estabilidad financiera.

«La resolución de Banco Popular fue realmente exitosa, no tuvimos un contagio al sistema financiero y no se utilizaron fondos de los contribuyentes», destaca la presidenta de la JUR, que remarca que la operación demuestra la «eficacia» del esquema europeo de resolución.

König califica de «una suerte» que el Santander pudiera absorber el Popular y paralizar la fuga de depósitos que estaba sufriendo el banco.

Niega que afirmara que el Popular estaba bajo el radar de las autoridades europeas, y reitera que ella nunca habla de ningún banco en particular. «Francamente no hemos sido indiscretos, nunca hemos hablado de entidades en concreto», precisa.

Revisión de las normas

Pero, en relación con la recapitalización cautelar de Monte dei Paschi di Siena con 5.500 millones de euros y el rescate de 17.000 millones de euros de los bancos Véneto y Vicenza, König ha instado a los legisladores a perfeccionar el modelo de resolución bancaria durante la próxima revisión de la Directiva comunitaria.

Para König, la normativa debería contemplar la posibilidad de aplicar una recapitalización interna (‘bail-in’, en la jerga del sector) completa en la que los bonistas senior de una entidad también podrían ver comprometida su inversión.

La presidenta de la JUR defiende que se aplicó el mecanismo de resolución en el caso de Banco Popular dado que su quiebra comprometía el interés público, una situación que no se producía en el caso de Banca Popolare de Vicenza y Veneto Banca, cuyo tamaño era menor al de la entidad española.

Plan sobre los préstamos morosos

Por otra parte, el Eurogrupo ha aprobado un plan para actuar ante los «niveles persistentemente altos» de los préstamos dudosos, abandonando la idea de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) crear un ‘banco malo’ europeo con capacidad para asumir 250.000 millones de euros de estos créditos ‘tóxicos’.

La banca europea tiene más de 1 billón de euros en créditos improductivos, un nivel «histórico» que equivale a un 7% del PIB del bloque comunitario y a un 5,4% de todos los préstamos concedidos.

«Son un problema para la industria bancaria y para el que hasta ahora se han definido soluciones principalmente nacionales«, resalta el ministro de Economía estonio y presidente de turno del Ecofin, Toomas Töniste.

En periodos de crisis es normal que crezca el número de créditos morosos, pero lo habitual también es que esos niveles caigan tras la crisis, algo que no ha ocurrido en el caso de la UE. «En Europa ha durado el pico de créditos morosos y también está siendo muy largo el periodo decreciente», comentan en el Eurogrupo

Por ello, los ministros de Economía se han comprometido a promover medidas en cuatro áreas de actuación:

1.-mejorar la supervisión bancaria,

2.-reformar los marcos de insolvencia y recuperación de deuda,

3.-desarrollar mercados secundarios de préstamos improductivos: antes del verano de 2018 la Comisión Europea debe presentar un plan para ello,

y 4.-avanzar en la reestructuración del sector financiero.

Aunque han rechazado la idea de la EBA, el Eurogrupo emplaza a la Comisión Europea a trabajar para presentar antes de final de año un «modelo» para la creación de bancos malos nacionales, con principios comunes en cuestiones como el volumen de activos, reglas de valoración de activos, estructuras de capital apropiadas o criterios de gobernanza.