El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, reconoce «errores» a la hora de ‘pinchar’ la burbuja inmobiliaria creada antes de la crisis y de minimizar sus efectos sobre las entidades financieras, porque «se pensó» que los desequilibrios se podían corregir de forma «gradual». Pero en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la crisis financiera deja, como «reflexión adicional», que la estrategia para rescatar a las cajas de ahorro pudo haber comprometido un mayor volumen de recursos públicos.

«El intento de minimizar a corto plazo el coste de resolución de la crisis bancaria para los presupuestos públicos mediante un enfoque gradual, enfrentando los problemas según iban apareciendo, podría haber comprometido un mayor volumen de recursos públicos», argumenta Linde.

El gobernador del Banco de España se cuestiona si se debería haber impulsado una estrategia «más agresiva o más ambiciosa» desde el inicio de la crisis. «Pero ésta es una cuestión, un interrogante, que no tiene respuesta exenta de objecciones», precisa. Y alega que el Banco de España no podía actuar con independencia de las decisiones de «otras autoridades».

Linde reconoce que el Banco de España no adoptó medidas para frenar el aumento del crédito al sector privado registrado entre 2001 y 2007, sobre todo, en la construcción, la promoción inmobiliaria y en las hipotecas. Y que el supervisor no supo anticipar el «fuerte impacto» de la segunda recesión en España en 2009.

«El Banco de España no anticipó una fase recesiva tan intensa como la acaecida a partir de finales de 2008, que revelaría la magnitud y la gravedad de los desequilibrios acumulados en nuestra economía», aunque sí alertó en diversos análisis entre 2000 y 2007 de los desequilibrios que había ido acumulando la economía nacional, como el endeudamiento privado, el fuerte aumento del precio de la vivienda y la excesiva concentración del crédito en el sector inmobiliario.

Linde sitúa el origen de la crisis bancaria nacional en la formación de esa burbuja crediticia e inmobiliaria, recordando que mientras el PIB nominal creció al 28% , el endeudamiento privado lo hizo un 221%, sobre todo en cuanto a la financiación hipotecaria y a la promoción inmobiliario.

Reconoce que el Banco de España «podría haber impulsado la aplicación de límites a la expansión del crédito», como limitar la concentración de riesgos en el sector de la promoción y construcción, limitar el nivel de apalancamiento y/o la proporción del importe de los préstamos hipotecarios en relación al valor de las garantías.

Necesidades de capital del Popular

El gobernador presentó en la comisión de investigación el informe que el Banco de España ha realizado sobre la crisis financiera entre los años 2000 a 2014.  Y recuerda que la evaluación que se hizo en el marco del Memorando de Entendimiento de julio de 2012 respecto a las necesidades de capital de la banca española, “como es bien sabido, realizada por el consultor Oliver Wyman, dio como resultado que Banco Popular mostraba unas necesidades de capital superiores a 3.200 millones de euros».

«Pero, en octubre de 2012 se concluyó que tanto Banco Popular, como la otra entidad para la que se habían identificado necesidades de capital, podían cubrir esas necesidades por sus propios medios, sin recurso a fondos públicos, y, por consiguiente, también sin traspaso de activos a la Sareb», añade.

«Creo que la resolución de Banco Popular, llevada a cabo a comienzos del pasado mes de junio de acuerdo con lo previsto en la Directiva europea de 2014, se plantea en un contexto distinto al del análisis de la crisis entre 2008 y 2014, incluso si se considera que el origen, aún lejano, de los problemas de esa entidad puede encontrarse en el período que es objeto del Informe”, concluye Linde.