La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no se limita a avalar la decisión del Gobierno de mantener en los Presupuestos Generales de 2017 el incremento mínimo del 0,25% anual para las pensiones contributivas. También defiende mantener esta subida al menos hasta 2022, “en ausencia de medidas” que mejoren la sostenibilidad de las pensiones públicas.

Esta medida, de ser aceptada por el Gobierno, provocará que los jubilados se enfrenten durante mucho tiempo (al menos 5 años más) a una notable pérdida de poder adquisitivo. El pasado año la inflación cerró con una subida del 1,6%, mientras las pensiones apenas se revalorizaron el 0,25%. Una diferencia de 1,35 puntos que se acumula a la generada en años anteriores y que deteriora la capacidad adquisitiva de los españoles jubilados.

El 0,25% es el mínimo establecido por ley. Pero según la AIReF, si se aplica de forma literal el Índice de Revalorización de las Pensiones, que se calcula en base a gastos e ingresos pasados y futuros, la previsión de altas y bajas y la prestación media, las pensiones deberían bajar un 3%. Si en lugar de aplicar las proyecciones del Gobierno, se utilizaran las de la propia AIReF, la bajada sería aun más pronunciada, un 3,5%.

En febrero, el presidente de la Autoridad, José Luis Escrivá, cuando compareció en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, ya adelantó que, en ausencia de medidas, se tendría que mantener el incremento mínimo de las pensiones durante mucho tiempo.

Entonces, como ahora, advierte que sin medidas adicionales y pese a la mejora de la economía, el desequilibrio de la Seguridad Social se mantendrá en torno al 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB).

Para José Luis Escrivá, la única forma de hacer frente a este desequilibrio de la Seguridad Social sería aportando al sistema cada año una cantidad equivalente al 1,5% del PIB, lo que supone unos 15.000 millones de euros anuales. Y al menos hasta el año 2020.