El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha decidido que sea la Fiscalía Anticorrupción y no la de la Audiencia Nacional la que se ocupe del caso de la quiebra del Banco Popular. La Fiscalía enviará al Juzgado Central de Instrucción nº 4 un informe en el que explicará si apoya o no, y en qué condiciones, la querella presentada por la OCU contra su expresidente Ángel Ron, el exconsejero delegado Pedro Larena, el exvicepresidente Roberto Higuera, y la auditora PwC por fraude y falsedad contable. El juez Fernando Andreu será quien tome la decisión defimitiva.

El fiscal que impulsará la investigación, si finalmente el juez se declara competente, es Antonio Romeral, que actualmente tiene entre manos el caso de la contabilidad B del PP, más conocido como el de los ‘papeles de Bárcenas’. Romeral fue candidato a fiscal jefe Anticorrupción, pero esultó elegido Alejandro Luzón.

La designación de Anticorrupción para el caso del Popular tiene un precedente en Bankia. Entonces fue el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, el que ordenó a Anticorrupción que investigara el caso. Esas diligencias se abrieron días antes de la presentación de las querellas de UPyD y 15MpaRato contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y otros ejecutivos y directivos de la entidad.

Mientras tanto, a la querella de la OCU  se están sumando muchos más escritos de otros accionistas que el juzgado ha ordenado acumular. La demanda de la OCU, redactada por los abogados Eliseo Martínez y Felipe Izquierdo (que ejercieron la acusación popular en el caso Abengoa) considera que el engaño a los inversores se produjo en la formulación de las cuentas de 2016, las últimas presentadas por el anterior equipo directivo encabezado por Ron, Larena e Higuera.

Es el mismo argumento que en la salida a Bolsa de Bankia: si en la ampliación de capital del Popular las cuentas que aparecían en el folleto reflejaban o no la imagen fiel de la entidad. El escrito hace referencia al hecho relevante enviado por el banco, ya presidido por Emilio Saracho, el  4 de abril, en el que informaba a la CNMV de algunas deficiencias en sus cuentas de 2016 detectadas por su auditor externo, PwC, como una insuficiencia de provisiones por riesgos y desajustes por 694 millones de euros que afectarían a los resultados de 2016. La querella cree que esa circunstancia acredita que los pequeños inversores fueron engañados a la ampliación de capital del Popular.

Una vez obtenida toda esa documentación en la causa penal, los inversores que lo deseen podrán reclamarla para otras causas en los tribunales civiles. La OCU cifra en 305.000 los posibles afectadospor el supuesto engaño. Eso es lo que ocurrió en el caso Bankia, en el que decenas de juzgados civiles de toda España reclamaron a la Audiencia Nacional el sumario para resolver los casos de los pequeños accionistas que pidieron recobrar su inversión tras conocer que habían sido engañados.

Manifestación de afectados el 30 de julio

Un grupo de afectados por la quiebra del Banco Popular ha recibido la autorización de la Subdelegación del Gobierno en Madrid para organizar una manifestación el 30 de julio, cuyo recorrido comienza en el Banco de España y acaba en la Puerta del Sol. El lema es recuperar el dinero que «nos ha sido robado».

La manifestación comenzará a las 10,00 en la sede del Banco de España (calle Alcalá) y está previsto que se lea un manifiesto a las 12,30 en la Puerta del Sol.

Luksic reclama a la JUR el informe clave sobre la quiebra

Aeris Invest, vehículo de inversión del Grupo Luksic, ha solicitado formalmente mediante el envío de una carta a la Junta Única de Resolución (JUR) el texto íntegro del informe por la que el 7 de junio se dispuso la resolución sobre el Banco Popular. La familia Luksic, que perdió 113 millones de euros por esta decisión, entiende que disponer del texto completo es «imprescindible» para poder ejercer plenamente los derechos de defensa.

El argumento de confidencialidad «no puede justificar» una denegación de acceso a los documentos utilizados por las autoridades comunitarias para determinar la resolución de la entidad. Además, recuerda una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dicta que «la obligación de secreto profesional no tiene un alcance tal que pueda justificar una denegación de acceso genérica y abstracta a los documentos» y que «la apreciación de la confidencialidad de una información exige contrapesar, por una parte, los intereses legítimos que se oponen a su divulgación y, por otra, el interés general que exige que las actividades de las instituciones comunitarias se desarrollen de la forma más abierta posible».

La confidencialidad aducida por parte de la JUR tiene la finalidad de proteger a las entidades antes de su posible resolución, por lo que una vez ésta se ha hecho efectiva, «no tiene sentido» seguir alegando esa obligación.

Los inversores chilenos estiman que tienen derecho a recibir esa información declarada confidencial en su condición de anteriores accionistas de Grupo Popular.

«La ausencia de transparencia por parte de un organismo con unas competencias exorbitantes arroja importantes dudas sobre el entorno jurídico para los potenciales inversores en el sector bancario», advierten en un comunicado.

Aeris Invest, que alcanzó el 6 de junio una participación en Banco Popular del 3,45%, ha presentado ya recurso contencioso-administrativo contra el Frob en España, y está pendiente de presentar también recurso contra la JUR ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.