El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó (266 votos favor; 71 en contra, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Compromís, 12 abstenciones, de ERC y EH Bildu) el 11 de julio el decreto ley de medidas urgentes en materia financiera, que reformar el régimen jurídico de las 60 cooperativas de crédito existentes en España.

Antes de la votación, el ministro de Economía, Luis de Guindos, destaca que la nueva norma mejora la capacidad de resistencia de las cooperativas de crédito ante los riesgos, y que, pese a su reducida dimensión, éstas tienen una relevancia en la financiación de agentes económicos de menor tamaño del sector agrario, industrial y profesional, tales como pymes, autónomos o emprendedores.

«Es muy importante el papel vertebrador que tienen en el territorio», insiste el ministro, que destaca que las cooperativas de crédito han conseguido afrontar la crisis con un modelo de negocio sencillo con un enfoque a medio y largo plazo, pero que sufren una «gran presión de mercado» y hay que evitar que puedan incurrir en riesgos graves ante un entorno de menor rentabilidad debido a los bajos tipos de interés.

«Es urgente fortalecer su resistencia para que las cooperativas puedan solucionar problemas sin llegar a situaciones irreversibles«, concluye Luis de Guindos, en lo que se ha interpretado como una alusión a Bantierra y a otras entidades del sector que han sufrido dificultades.

El PSOE apoya la reforma porque las cooperativas de crédito son “como la joya de la corona” que hay que preservar y porque la nueva norma reforzará “la banca de cercanía”. ERC señala que las cooperativas de crédito han sido motor estabilizador frente a la economía especulativa. En cambio, el diputado de Unidos Podemos, Alberto Montero, cree que el real decreto «esconde la posibilidad de vender más fácilmente estas entidades».

Mecanismos Institucionales de Protección

Básicamente, la reforma introduce los Mecanismos Institucionales de Protección (MIP), que pueden ser reforzados (con mutualización de los beneficios y de los riesgos, y una entidad cabecera del grupo consolidable, por lo que tienen menores requerimientos mínimos de pasivos capaces de absorber pérdidas a efectos de una eventual resolución) o normativos (no mutualizan, sino que crean un fondo de garantía privado financiado por las entidades asociadas).

Las operaciones desarrolladas por una cooperativa con las otras entidades integrantes del MIP del que forma parte no computarán a efectos del límite para las operaciones activas con terceros del 50% de los recursos totales, especificado en la Ley de Cooperativas de Crédito.

Yel fondo de garantía privado tampoco tendrá límites a la hora de invertir en el capital de una de las cooperativas integrantes del MIP, lo que facilita el uso del fondo cuando una entidad participante lo necesite. Sin embargo, se deberá presentar al Banco de España, para su aprobación, un plan de actuación que contenga medidas concretas dirigidas a permitir la desinversión en la cooperativa de crédito, en condiciones adecuadas para todas las entidades integrantes del MIP y que garantice la viabilidad de éste.

Transformación en banco

La primera consecuencia de la reforma es que la cooperativa de crédito Arquia Banca, acelera su transformación en banco, contemplada en su plan estratégico 2016-2019. La histórica (acumula más de 30 años de existencia) Caja de Arquitectos Sociedad Cooperativa se reconvierte en Arquia Bank para «responder mejor a los desafíos que plantea el modelo financiero actual». Además, la entidad abrirá 2 oficinas en Portugal (Oporto y Lisboa) el año que viene.

La cooperativa de crédito, con 25 oficinas en toda España, mantiene un 60% de su negocio con los arquitectos tras diversificarse a otros colectivos profesionales (médicos, economistas y abogados, fundamentalmente) y a pymes y autónomos, desarrolla también actividades de gestión de patrimonios y de asesoramiento financiero (a través de Profim).

El planteamiento del futuro Arquia Bank es que “cuanto más concentrado esté un mercado y más grandes sean los jugadores, más estandarizados serán sus modelos, de forma que las entidades pequeñas serán las que ofrezcan un buen servicio y las que podrán aportar valor a los clientes”.

Javier Navarro, presidente de Arquia Banca, explica que “después de más de 30 años, la transformación de caja cooperativa de crédito en entidad bancaria supone un auténtico hito en nuestra historia”. “La nueva estructura societaria nos permitirá ser más eficientes y responder mejor a los nuevos retos del mercado financiero nacional e internacional. El modelo diferencial de banca de clientes de Arquia Banca, basado en el asesoramiento personalizado, nos permite aportar un valor añadido frente a la estandarización del sector bancario”, añade.

La transformación en banco puede ser una opción para las cooperativas de crédito laborales o profesionales tras la reforma, ya que tienen más complicado crear un MIP.

Tensiones en Caja Rural de Granada

La reforma de la normativa de las cooperativas de crédito se ha cobrado ya la primera ‘víctima’: la destitución del director general de la Caja Rural de Granada desde septiembre de 2007, Dimas Rodríguez, sustituido por Jerónimo Luque, un histórico en la entidad (entró en 1995 y era el director de Medios). Oficialmente, el cambio se debe a una cuestión interna y estrictamente «profesional», aunque en la entidad reconocen abiertamente que el Consejo Rector “no compartía” la gestión de su director general.

En la Caja Rural de Granada se niegan a una fusión, también desmienten la existencia de un plan de ajuste de la red de sucursales. Y consideran “una mera especulación” que el cese del director general se haya producido por sus intentos de acercamiento al grupo Cajamar, el ‘enemigo’ número 1 del Grupo Caja Rural, al que pertenece la de Granada.

En cualquier caso, la Caja Rural de Granada ya ha vivido esta situación: el antecesor de Dimas Rodríguez, Ángel Beade, fue cesado en septiembre de 2007 por “pérdida de confianza” por parte del Consejo Rector; Vicente Matoses, director general entre 1981 y 1995, y que volvió en 2003 tras el despido de Pascual Candel (provocado tras una sublevación de los trabajadores contra su plan estratégico), también fue cesado por “excesivo protagonismo”.

División en el sector

En el fondo, y al margen de cuestiones personales, el cambio de director general en la Rural de Granada obedece a la negativa de las entidades que forman parte del Grupo Caja Rural a crear otro Cajamar, pese a las presiones del Ministerio de Economía y del Banco de España.

El Grupo Cooperativo Cajamar y Solventia (formado por cinco rurales andaluzas más la extremeña de Almendralejo) ya tienen los deberes hechos porque son ya MIP reforzados, con mutualización de beneficios y riesgos y entidad de cabecera del grupo consolidable.

El problema está en el resto. El Grupo Caja Rural se resiste a transformarse en un MIP reforzado y prefiere seguir como está, con el normativo, pese a que tanto el Ministerio de Economía como el Banco de España prefieren la mutualización total de beneficios y de riesgos. El problema es que tiene que constituir un fondo de garantía privado para que no vuelva a repetirse el caso de Bantierra, que sobrevive gracias a las inyecciones de capital de Cajamar, Laboral Kutxa, y de algunas entidades del Grupo Caja Rural.

La norma no obliga a las entidades a incorporarse a uno de estos sistemas, pero establece una serie de incentivos y penalizaciones en el eal decreto-ley que hace muy difícil que puedan seguir en solitario. Rosendo Ortí, director general de Caixa Popular, defiende la incorporación a un MIP normativo, “una filosofía adecuada a lo que defendemos en la Asociación Española de Cajas Rurales, donde nadie quiere dejar de ser lo que es y donde abogamos por una mayor cobertura desde la total independencia”.

No ve el fondo de garantía privado como obstáculo: “la norma obliga a un fondo de solidaridad más potente, y eso siempre es positivo”. Pero deja muy claro que “queremos seguir en nuestra línea, ser lo que somos en cada uno de nuestros territorios naturales, y las que somos independientes podemos seguir siéndolos». Por eso propone que las entidades que se mantienen independientes de los dos grandes grupos (Cajamar y Caja Rural) promuevan un MIP normativo dentro de la Asociación Española de Cajas Rurales, controlada de hecho por el segundo. Esto supone descartar la fórmula Cajamar.

Otras entidades todavía están estudiando qué hacer. Entre las independientes, la Caja Rural de Castilla La Mancha busca candidatos a formar un MIP liderado, obviamente, por esta entidad, y que sea el ‘primus inter pares’, tratando de buscar a quienes no les seduce la propuesta del Grupo Caja Rural pero tampoco la del Grupo Cooperativo Cajamar.