Demoledor informe del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (Auditores) sobre ‘La auditoría de los entes locales en la Unión Europea’, que ue no barre precisamente para casa, sino todo lo contrario.

Lo malo no es que los ayuntamientos españoles estén a años luz de la práctica de las grandes ciudades europeas en materia de transparencia y control financiero. Sino que en España no se realiza una auditoría anual y completa (que es la práctica habitual en las grandes ciudades europeas) sobre las cuentas de los entes locales, salvo en Barcelona, por exigencia normativa por emitir deuda, y Navarra, que «de manera voluntaria, y contando con la colaboración de auditores privados en el trabajo de campo, audita anualmente el 100% de los ayuntamientos de más de 9.000 habitantes», resalta el el presidente de Auditores, Mario Alonso Ayala

Economías teóricamente menos relevantes que la española, como la griega o la portuguesa, han avanzado notablemente en el control de las cuentas de los ayuntamientos y superan claramente a los entes locales patrios, que solamente sacan sobresaliente en opacidad.

La reciente publicación «del Real Decreto 424/2017, sobre control interno de las entidades
locales, es un paso positivo pero insuficiente en la dirección adecuada”, se lamenta Mario Alonso Ayala.

La crisis financiera ha reforzado la necesidad de controlar el déficit y la deuda de las Administraciones Públicas en la Unión Europea. Para ello, se requieren sistemas contables homogéneos que permitan obtener cifras comparables en los diferentes países, pero también procedimientos comunes de control y auditoría, a fin de garantizar la fiabilidad y adecuación de la información elaborada.

No solo suspende España en transparencia de sus entes locales, aunque esto no sirva de consuelo. El estudio de Auditores refleja que hay países como Grecia, Malta, Rumanía o Reino Unido, en los que no es obligatoria la consolidación de cuentas, por lo que el análisis de las cuentas globales de las diferentes unidades que componen el ayuntamiento más sociedades, fundaciones y otras entidades dependientes, no se produce, por lo que la visión de la situación de los mismos es parcial. En España no es obligatorio que los entes locales presenten cuentas anuales consolidadas, por lo que el control también es parcial.

En otros países como Alemania, Francia, Bélgica, Croacia, Eslovenia, Hungría o Rumanía, no se establecen auditorías anuales, por lo que puede suceder que a un ayuntamiento o una entidad dependiente no tenga ningún tipo de control durante años, y cuando lo tenga, solo se analice alguna de sus áreas, sin que se realice una
supervisión sobre la totalidad del mismo.

Existen casos como Francia, en que es obligatorio presentar cuentas consolidadas que luego no se auditan, ya que las auditorías se realizan sobre muestras, perdiendo fiabilidad.

En países de tradición anglosajona, como Reino Unido, Irlanda, Holanda, Malta, o nórdicos como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Letonia, así como Suiza, la supervisión auditora se efectúa por auditores privados, o por auditores privados previamente homologados en un
registro específico. La auditoría, en cualquier caso, se reporta a un supervisor público.

Otros países como Italia, Portugal o Grecia están girando a este modelo, especialmente en lo que se refiere a auditoría financiera y revisión de las cuentas, lo mismo que Francia, que ha anunciado una experiencia piloto con 25 grandes Ayuntamientos a partir de 2020.

Están sometidos a supervisión pública países como Alemania, Francia, Bélgica, Hungría, Rumanía, Eslovenia o Croacia, aunque en Alemania o Hungría, los supervisores públicos pueden subcontratar parte de las auditorías con auditores privados. En Bélgica, Hungría y Croacia existen legislaciones en estos países que, además del control público, permiten que los entes locales, de manera voluntaria, contraten una auditoría privada.

Hay un grupo de países que tienen control público superpuesto al privado, como sucede en Italia, Grecia, Letonia o Portugal, aunque en algunos casos los entes locales de menor tamaño solo tienen supervisión pública. En muchos casos, la auditoría financiera o de cuentas es llevada a cabo por auditores del sector privado y los órganos públicos se centran en otro tipo de auditorías, como el control de legalidad, el relativo a la ejecución del presupuesto o incluso la auditoría operativa.

“En Europa existe una tradición de supervisión basada en la colaboración público-privada que apenas está desarrollada en España. Países como Francia, que hasta ahora basaban la supervisión en un modelo exclusivamente público, están avanzando hacia este tipo de cooperación. Italia o Portugal han girado recientemente hacia la auditoría privada», señala el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.