Asufin se querella contra los exconsejeros del Popular y contra PWC

19/07/2017

Miguel Ángel Valero. Acusaciones de fraude de inversores, falsedad de cuentas, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública.

Tras 6 semanas de investigaciones, la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha presentado la querella contra los anteriores consejeros del Banco Popular y la auditora PWC por fraude de inversores, falsedad de cuentas, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública.

Patricia Suárez, presidenta de Asufin, explica que “había que presentar una querella consistente, con pruebas contundentes y con largo recorrido». «La oferta de compensación del Santander a los accionistas minoritarios es una prueba más de que ha habido irregularidades que todos los ciudadanos y contribuyentes tenemos derecho a conocer”, subraya.

La demanda está elaborada por  Carme Herranz, Oscar Serrano (Col·lectiu Ronda) y Almudena Velázquez (Red Abafi). Y basa sus acusaciones en los siguientes datos:

1.-fraude a inversores y falsedad de cuentas: se han detectado omisiones muy relevantes en la información facilitada a la CNMV en relación a la situación del Popular, al menos desde las cuentas de 2015, razón por la que la Comisión requirió en 2016 a la entidad para que facilitara las valoraciones de los activos inmobiliarios, entre otros. Esta información sólo se facilita con posterioridad a la emisión y suscripción de la ampliación de capital, evitando que los inversores pudieran conocer que Popular ya se encontraba con patrimonio negativo de 464 millones de euros.

2.-administración desleal: entre los años 2015 y 2016 las retribuciones de los Consejeros aumentaron en un 326%, justo en el momento en el que la entidad se debatía entre calificarse de solvente o no, para posteriormente abandonar la gestión.  El incremento de este concepto de gasto pasó de 5,28 millones de euros en 2015 a 22,54 millones en 2016, con una variación de 17,35 millones de euros. Además, se amortizaron las cédulas hipotecarias que les permitían obtener ingresos, quedándose, sin embargo, con el riesgo de las hipotecas que servían de subyacente a esas cédulas.

3.-delito contra la Hacienda Pública: Se ha detectado la constitución y el mantenimiento de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de las islas Caimán durante 16 años. Su fin era la emisión de participaciones preferentes y con ella se evitaba declarar en su Impuesto de Sociedades los ingresos de esa suscripción. Llama la atención que esta sociedad se haya mantenido tanto tiempo cuando hay deuda subordinada emitida por otras sociedades ya radicadas en España, por lo que hay sospechas de que tuviera otros fines. Por ello, en la querella se solicita una Comisión Rogatoria a las Islas Caimán para que aclare el verdadero papel de BPE International Limited,  y su impacto tributario en España.

La querella de Asufin se formula también contra la auditora PWC, que ha tenido una conducta que sólo puede calificarse de “consentidora” o de “beneplácito” frente a la deriva que iba tomando la entidad. La auditora ha contribuido al perjuicio económico de los clientes del popular cuyos bonos y acciones no valen nada (salvo la compensación que les ofrece el Santander) al haber justificado con sus auditorías las acciones del banco. PWC, pese a tener conocimiento de los ya comentados requerimientos de la CNMV que obligaron al Banco Popular a comunicar como hechos relevantes reajustes que mostraban la situación de patrimonio neto negativo y el desajuste de las provisiones efectuadas, no lo consideró importante para reformular las cuentas.

Dado que la sociedad creada por Banco Popular en las Islas Caimán es auditada unas veces en la filial de PWC en ese paraíso fiscal, otras en España y en algunas ocasiones con una firma ilegible, los peritos de Asufin consideran que esta actitud permitió al banco la huida hacia delante y el colapso actual, ya que eran esas auditorías la que justificaban su solvencia irreal.

La demanda reclama a la Junta Única de Reestructuración (JUR), como diligencias de investigación, para que aporte todo el expediente, incluido el informe Deloitte, y que la CNMV informe de las razones por las que en este caso no prohibieron esas posiciones y de si la realización de dichas operaciones constan como registradas por parte de miembros del consejo de la entidad

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