Los barceloneses no saben lo que piden los trabajadores del Metro, cuyos dirigentes, encabezados por el radical sindicato CGT, se apresuran a aclarar que no quieren más dinero. Sin embargo, 1.269.000 ciudadanos que utilizan el Metro sufren las consecuencias de una huelga que se eterniza cada comienzo de semana. Las reivindicaciones de los sindicatos del Metro van cambiando a medida que la empresa pública Transportes Municipales de Barcelona (TMB) les va concediendo reivindicaciones desde hace dos años que llevan de negociación de convenio. Ahora el caballo de batalla es la municipalización de todos los servicios que se externalizan, incluidos, por ejemplo, aquellos tecnológicos que suponen el calibrado de las vías durante 15 días cada semestre, con la intervención de una costosísima maquinaria. Aceptar su integración en la empresa pública supondría una millonaria compra y tener en plantilla a ocho personas que solo trabajarían 30 días al año.

Juego de desgaste sindical

Los sindicalistas de CGT reclamaban la dimisión de la presidenta de EMT, Mercedes Vidal, concejal de Izquierda Unida y Alternativa en las listas de los Comunes de Barcelona de Ada Colau. La alcaldesa ha dicho que nadie mejor que su formación “entiende y está al lado” de las reivindicaciones de los trabajadores. No ha cedido en cortar la cabeza a Vidal, pero ha decidido reforzar la parte negociadora municipal con el gerente del ayuntamiento barcelonés, Jordi Martí, y con su homólogo de servicios metropolitanos, Eduard Saurina. Veremos qué logra el nuevo equipo negociador frente a unos sindicatos que están haciendo política y que parece que el convenio les importa más bien poco, entregados a un juego de desgaste en el que los trabajadores pierden poco al solo hacer dos horas de paro por turno, pero que afecta a toda la jornada.

Los lunes en Barcelona se han convertido en sinónimo de apretujones en los andenes y hasta peligro físico de que ocurra algún accidente para los 1.269.000 viajeros que usan el Metro, amén de esperas interminables que redundan en impuntualidad a la llegada al trabajo o a sus obligaciones, por no hablar de nervios y acalorados sudores. Cada lunes desde hace doce, los 3.634 trabajadores del suburbano ponen contra las cuerdas a toda el área metropolitana de Barcelona. Lo peor de este conflicto es que no se ve solución después de más de 70 sesiones de negociación y un sinfín más de reuniones de mediación de un convenio colectivo al que constantemente se le añaden reivindicaciones. Hasta el punto de que el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha reclamado más implicación a las autoridades laborales y de movilidad de Cataluña.

Servicios mínimos reducidos

Efectivamente, la autoridad laboral de Cataluña que encarna la consellera Dolors Bassa, titular de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, mantiene unos servicios mínimos que son exactamente la mitad de los decretados en las últimas huelgas del Metro de Madrid: en las horas punta en Barcelona circulan el 40% de los trenes y en las de noche el 20%, mientras que en la capital española los servicios mínimos eran del 80-40. Este cronista no le ha oído a la consellera Bassa ni media palabra sobre el principal conflicto laboral que afecta a Cataluña. También el Sindic de Greuges ha pedido a Dolors Bassa un laudo de obligado cumplimiento a las partes para atajar este conflicto sin fin y reclama más compromiso al conseller Josep Rull, titular de Territorio y Sostenibilidad como responsable último de la movilidad, a quien tampoco este cronista le ha escuchado decir ni media palabra sobre las colas en los andenes del Metro de Barcelona durante once lunes, y sin embargo no para de oírle sus constantes quejas por las colas puntuales en el control de pasaportes del aeropuerto que padecen algunos visitantes de fuera de la Unión Europea.

Derecho a la movilidad

Lo que subyace en el conflicto del Metro que se arrastra en el área metropolitana de Barcelona desde hace años, por no decir décadas, es la necesidad de establecer un equilibrio entre el derecho a la huelga y el derecho de todos los ciudadanos a moverse con libertad y a tener un servicio público esencial. Para que el derecho de unos pocos no se convierta en el perjuicio de una sociedad y que se preserve la convivencia para evitar que se alteren las vidas de los barceloneses.

Los empleados de TMB saben que tienen la sartén por el mango, que su nivel de presión es infinitamente mayor que el de cualquier otro sector. Con ese poder gigantesco, ni se plantean negociar y abogan por un constante trágala a una empresa pública que asiste perpleja a nuevas reivindicaciones conforme les concede cosas. Máxime, desde que ha accedido al poder Ada Colau y la presidenta de TMB, Mercedes Vidal, procedente de Izquierda Unida y Alternativa. Mientras el líder de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco, ha dicho que “ha llegado la hora de cerrar” el conflicto laboral del Metro y se ha unido a las peticiones de Ribo de ampliar los servicios mínimos, los líderes del sindicato CGT no están dispuestos a ceder ni un ápice a sus reivindicaciones ahora que manda la izquierda. Su método es votar a mano alzada todas las decisiones a unas asambleas en las que participan no más de 250 trabajadores del Metro, de forma que una mínima parte de la plantilla somete a la mayoría, que acata los resultados bajo presión o amenaza de los radicales.

Mínimo coste salarial

Las consecuencias de las huelgas para los trabajadores son mínimas, ya que los descuentos que se les aplica en sus salarios por mantener en jaque a la ciudad todos los lunes no alcanza ni el coste de una jornada mensual de afectación. Máximo perjuicio con el mínimo coste. Por si no queda claro, en un panfleto de la CGT se argumenta que “los paros parciales en hora punta han demostrado ser la opción más eficiente”, porque parando “dos horas, el servicio se ve perjudicado durante casi todo el día”. Además, “en un mes, con solo 8 horas de paro, habría 4 días de afectación grave al servicio y la presencia en los medios de comunicación sería permanente”.

En el mismo panfleto se puede leer: “Con este tipo de paros, el descuento mensual supone el equivalente a un día de huelga como máximo (si tenemos servicios mínimos o fiesta, menos). Tanto nosotros como la empresa somos conscientes de que podemos alargar estos paros durante meses y creemos que la perspectiva de estar en los medios de comunicación, con la ciudadanía exigiendo una solución durante meses, es una perspectiva que puede asustar, y mucho, a los políticos al mando de la empresa”. La película “Los lunes al sol” de Fernando León de Aranoa, lamentablemente se ha convertido para los barceloneses en los lunes al secuestro. Entre tanto, el gobierno catalán anda entretenido manteniendo su desafío al Estado y dejando a su suerte a los barceloneses, que cada lunes se someten a un viacrucis en el Metro.