La agenda política suele ser a la realidad lo que la música militar a la música. En ocasiones, se parecen. Sin negar la existencia de grandes músicos e intérpretes en el ámbito castrense ni dejar de sentir tristeza por la trágica desaparición de la orquesta del Ejército Ruso, es lo cierto que entre las ocupaciones oficiales y las preocupaciones reales se registran grandes diferencias de sonido. Los gobernantes no se sustraen de sustraer («clase extractiva» les llamó Rosa Díez) y distraer. A veces se convierten en «testigo preferente» (por el lugar de su ubicación) del tribunal de la trama Gurtel, pero eso, como diría Norman Mailer, forma parte del espectáculo o función básica de los presidentes, al menos en Estados Unidos. En España solo cabe pedir que el espectáculo no cueste mucho.

Para dar fe de que la agenda política va por un lado y la realidad por otro nada más hay que ver la preocupación que se aprecia estos días de vacaciones lectivas entre cientos de profesores de universidad porque no saben si van a obtener o no unas certificaciones de las que dependen para poder optar a una contratación el curso que viene y para poder avanzar en su carrera docente. Más de 1.200 enseñantes desviven con esa inmerecida inquietud porque la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA), que es el organismo autónomo dependiente del Ministerio de Educación, no ha realizado su trabajo. ¿Por qué? Porque los reformadores de oficio, que diría Machado, se han sacado de la manga nuevas ocurrencias y exigencias tan desmedidas como perfectamente inútiles. Y así, en vez de evaluar la tarea docente e investigadora con los baremos anunciados y conocidos por el personal para aportar sus currículos y evidencias, han decidido (previo decreto, naturalmente) puntuar mucho más la investigación que la docencia.

La aplicación de los nuevos criterios ha dado lugar a un «cabreo catedralicio», que diría Mariano Rajoy, entre los más de 900 profesores (ayudantes, contratados y demás constelación de investigadores y laborantes precarios) que esperan desde hace siete meses la acreditación de la ANECA para poder optar a nuevas contrataciones. Las normas de la mencionada Agencia evaluadora, compuesta por comités de «sabios» (generalmente catedráticos) en cada área del conocimiento, establecen un plazo de seis meses para acreditar o no a los solicitantes. Y si no hay respuesta, se entenderá desestimada la acreditación. Otros 238 profesores se hallan pendientes de la resolución de sus recursos. Y 36 más de la respuesta a sus reclamaciones. La comisión encargada de los recursos ha sido disuelta y la nueva no se ha constituido. Con un poco de suerte les contestarán dentro de tres meses.

Así las cosas en esta parcela de la agenda real, el dirigente de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha planteado una proposición no de ley sobre el galimatías y los parámetros arbitristas que los prebostes de la ANECA se traen entre manos. La denuncia y las propuestas de Garzón carecerán de trascendencia mediática porque no se inscriben (de momento) en la pandemia del espectáculo político (Gurtel, separatismo catalán, plurinacionalidad y demás) que padecemos. Pero el problema es real, incluso para sus creadores. El director de la ANECA  y catedrático de la Universidad de La Rioja, José Arnáez Vadillo, ha reaccionado diciendo a los solicitantes de la acreditación que les prorroga el plazo dos meses para que puedan aportar más documentos y evidencias para acogerse a los nuevos criterios de evaluación.

Y comoquiera que los nuevos baremos priman la investigación sobre las horas, días y años (créditos) de docencia, ya comprenderán el desequilibrio en un país donde se ha reducido un 24% la financiación para investigación desde 2008 y en el que las universidades han perdido 1.500 millones de euros del presupuesto público desde 2012 a 2014 (datos de la Conferencia de Rectores, CRUE) y han visto reducidas sus plantillas de docentes en 3.500 profesores. Con el desequilibrio entre docencia e investigación de los nuevos criterios de la ANECA, cientos de profesores e investigadores con contratos precarios no alcanzarán ni soñando la puntuación exigida para obtener la acreditación docente. Y el resultado ya saben cuál es, las dos ‘p’ de parias y puerta.

Sostiene el eminente catedrático salmantino Román Álvarez, un hombre de bien, entre cuyas obras figura la apertura de una hermosa biblioteca generalista en Abelgas para que las gentes de la montaña leonesa de Luna y Babia se lleven los libros y lean cuanto quieran y puedan, que el equilibrio entre la docencia y la investigación debería ser una norma básica a la hora de evaluar al personal de la Educación superior. La universidad ideal tendría que ser aquella en la que los profesores enseñen aquello sobre lo que han investigado e investigan. Y otra regla básica debería ser, además de la transparencia y los criterios que permitan al personal saber a qué atenerse, un cierto sentido de la realidad universitaria española. No es de recibo aplicar unos criterios de investigación para competir con la excelencia foránea de universidades que multiplican varias veces su presupuesto en comparación con los nuestros de miseria. «Cuando se habla de rankings hay que advertir que se nos pone en la parrilla de salida con un Ford Fiesta, mientras que los otros disponen de bólidos de Fórmula 1. Y a correr se ha dicho», concluye Román como indicando a algún preboste lo que en lenguaje cheli diríamos: «Venga ya tío, no seas fantasma y tírate de la moto».