Algo es ya insostenible en España.  El paro que consume la vida de nuestros jóvenes, las mujeres, los inmigrantes.  Una crisis, nefastamente gestionada desde los gobiernos, ya sean el central, o el de Aguirre en Madrid.  Los recortes del gasto público que debilitan la capacidad protectora del Estado y la calidad de los servicios públicos.

Una situación insostenible que se ha puesto de relieve en las recientes elecciones.  Un castigo duro para quienes han aplicado políticas que han endurecido nuestras condiciones de vida y trabajo.  La ciudadanía ha cuestionado, a lo largo de esta campaña electoral, una forma de hacer política, que condena a la ciudadanía a ser la víctima única de la crisis.  Es el momento, de invertir el estado actual de las cosas, parece ser el mensaje.

El crecimiento económico es débil y la inflación alta.  Con un paro en el 21 por ciento de la población activa, la inversión pública no ayuda a reactivar la economía, se retrae.  La iniciativa privada sigue sin aparecer por ningún sitio y el crédito sigue restringido para familias y empresas.

Nuestro gobierno, atenazado por el Pacto de Estabilidad, el Plan de Gobernanza, el Pacto por el Euro, se ha sometido a las exigencias de la Unión Europea, que castiga a países como España, Irlanda, Grecia, o Portugal,  que no cumplimos los objetivos del déficit público y deuda pública.  Exigencias europeas que pretenden ganar en competitividad, a costa de reducir salarios, debilitar a los trabajadores y sus organizaciones en la negociación colectiva, renunciar a la protección social y a los servicios públicos.

Son esas las políticas que han llevado a Europa a 23 millones de personas en el paro.  Ajustes a los que se ha sometido a los países periféricos, entre los que nos encontramos España. Son muchas las personas paradas, los pensionistas, los trabajadores precarios y temporales, cada vez más pobres.  Reducciones salariales, deterioro de los derechos laborales, reducción de los presupuestos, del gasto público, del gasto social.  Recortes de derechos laborales y sociales.  Debilitamiento de los servicios públicos, entregados en masa a los intereses privados.

Ajustes y recortes que se agravan cuando vemos la actitud comprensiva y complaciente con aquellos que trajeron la crisis y que se ven premiados con un trato fiscal inaceptable que permite que no aporten los recursos, hoy más necesarios que nunca, para contener la crisis y defender a los ciudadanos y ciudadanas golpeados por aquellas.    Para acabar con la economía sumergida se perdona y amnistía a los defraudadores.

Todo ello produce el descrédito de la política, como instrumento para ocuparse de defender a la sociedad.  El descrédito de los políticos, afectados por una corrupción que proviene del modelo especulativo que ha alentado la burbuja financiera e inmobiliaria.  El 36 por ciento los españoles que podían hacerlo  no ha votado y el 4,2 por ciento ha votado en blanco o nulo.

El movimiento 15-M ha llevado a la calle a miles de personas conscientes de lo insostenible de esta situación.  Acuciados por un No Futuro aberrante.  Hartos de la desconexión de las políticas que se aplican con los problemas reales.  Es cierto que los grandes beneficiarios de la situación han sido, electoralmente, los partidos de la derecha, especialmente el  Partido Popular, que ha obtenido un poder institucional abrumador y casi absoluto en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.  Pero bien puede ser una victoria pírrica si tomamos en cuenta que el escenario económico, social y político, es desolador y tremendamente duro y exige soluciones económicas,  que preserven el Estado Social y Democrático de Derecho y nuevas formas de entender y concebir la política.

La sociedad y los trabajadores, como parte de la misma, hemos dado un paso adelante, que juzga y exige soluciones a unos problemas, que no pueden seguir enquistándose, dando al traste con nuestras legítimas aspiraciones de vida digna y trabajo decente.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO de Madrid