Inejecutable. Este término jurídico, que hace referencia a que una sentencia judicial no puede cumplirse por razones de fuerza mayor, es el más utilizado dentro del Banco Santander cuando se les pregunta sobre la posibilidad de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o cualquier otro juzgado competente, anule la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de intervención del Banco Popular por insolvencia provocada por falta de liquidez, y por tanto la posterior adjudicación de esta entidad al grupo presidido por Ana Botín.

En el Santander consideran inviable que un tribunal anule esas decisiones, y se vuelva a la situación anterior al 7 de junio, cuando se estrenó con el Popular el mecanismo europeo de resolución de bancos insolventes. Entre sus argumentos de peso, cómo se da marcha atrás a una ampliación de capital de 7.072 millones de euros, cuyas acciones comenzarán a cotizar el 31 de julio y a cobrar el dividendo a partir del 4 de agosto.

El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, suscribe esa visión de inviabilidad de una marcha atrás en la resolución del Popular, y prefiere subrayar que «muy pocas» entidades financieras están en condiciones de asumir un banco de esa dimensión y en esa situación. «Es un proceso que no era fácil, había que estabilizar el banco y elevar su capital», precisa. El Santander inyectó 13.000 millones en los momentos posteriores a la resolución de Popular para garantizar su liquidez, y aportó 7.000 millones para restaurar su capital regulatorio, afectado por un impacto negativo en su cuenta de resultados de 12.000 millones.

Además, ha recuperado 6.500 millones de euros de los 20.000 millones en fuga de depósitos desde diciembre de 2016. “A fecha de hoy es una entidad que cumple las ratios de liquidez y de capital, tiene las condiciones operativas normales, trata de captar ahorros y hace préstamos a los clientes», subraya Álvarez. Hay una “recuperación particularmente intensa en las pymes, más de lo que esperábamos”, remarca.

También tiene prácticamente ultimada la venta del ‘ladrillo’ heredado del Popular, aunque hay «autorizaciones pendientes». «Soy muy optimista. Creo que vamos a tener ofertas en los niveles, o algo por encima, a los que compramos, y relativamente pronto, aunque sin plusvalías significativas. Estamos estudiando todas las alternativas», explica el consejero delegado.

Ya está en marcha un plan para reducir la exposición inmobiliaria del Popular «a niveles poco significativos» en menos de 3 años. Desde junio de 2016, el Santander ha reducido el 43% sus créditos improductivos, un 12% sus activos inmobiliarios, y un 34% las ventas de inmuebles.

José Antonio Álvarez, y el director financiero, José García Cantera, reconocen que el Santander podrá recuperar hasta 3.000 millones de euros en créditos fiscales del Popular. De momento, el Popular genera 11 millones de beneficios, el 0,3% del resultado del Grupo Santander (3.616 millones).

El consejero delegado del Santander cree que el proceso de integración del Popular se prolongará durante un período que oscila entre los 18 meses y los 2 años, que será mucho más rápido en los servicios centrales. «Habrá un proceso de reestructuración, pero no se ha hablado con los sindicatos porque aún no se ha hecho un análisis detallado de la plantilla y de la red de sucursales», precisa.

Sí han comenzado las conversaciones con los socios del Popular en cajeros automáticos (Credit Mutuel), tarjetas (Värde), seguros y gestión de activos (Allianz), siempre desde el planteamiento de «implantar la marca única en los tiempos adecuados». “Nosotros buscamos tener el mejor producto posible a los mejores precios y vamos a negociar con este fin”, señala Álvarez, que deja muy claro que «pretendemos que todos clientes del Santander y el Popular operen en una red de cajeros lo más amplia posible”, y que la actividad con tarjetas «es parte básica del negocio de un banco».

El consejero delegado del Popular confía en tener el visto bueno de las autoridades de competencia a la operación con el Popular en las “próximas semanas”, porque así “tendremos las manos libres para operar sin las restricciones actuales”. Y no espera restricciones “significativas” en materia de competencia por posición dominante en ninguna región de España.

Objetivos a la vista

Tras este primer mes de gestión del Popular, el Santander se reafirma en sus previsiones: retorno sobre la inversión del 13%-14% en 2019, 500 millones de beneficio antes de impuestos en 2020 por la mejora en la eficiencia del grupo, incremento de los fondos netos tangibles por  acción en 2018 y del beneficio por acción en 2019.

El consejero delegado cree que la morosidad terminará el año por debajo del 5%. Ahora está en el 5,37%, ya que al 3,55% del Santander hay que sumar el 20% del Popular.

Sin contar esta integración, el Santander está cerca de los objetivos para el ejercicio: 16,3 millones de clientes vinculados en el primer semestre (17 millones como meta para fin de año, 15,2 millones en junio de 2016); 23 millones de usuarios digitales (frente a 25 millones previstos, y 20,9 millones hace un año); las comisiones crecen el 11% (8% en junio de 2016; el coste del crédito mejora; la ratio de eficiencia, que se espera «básicamente estable» a cierra del año, mejora 1,8 puntos, hasta el 46,3%; y crecen el beneficio por acción, el dividendo, y el capital de máxima calidad (17 puntos básicos, cuando la previsión es de 40 al finalizar el ejercicio).

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