El consejero de Territorio y Sostenibilidad ha anunciado este martes que el Gobierno catalán prevé convocar el referéndum del 1 de octubre con la ley del Parlament -registrada por JxSí y la CUP la semana pasada- aunque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la impugne y el Tribunal Constitucional eventualmente la suspenda.

En declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, ha defendido que la ley del referéndum será aprobada por un Parlament «legítimo y democrático», por lo que considera que puede aplicarse aunque sea rechazada por el Gobierno central y el Alto Tribunal.

El Govern no utiliza el término desobediencia, pero asegura que aplicará la ley del Parlament por obediencia a la Cámara catalana: «Lo que haremos como Govern es obedecer una ley que ha sido aprobada por el Parlament de Cataluña y le daremos plena vigencia». Rull afirma que, para esta maniobra, a la Generalitat le asisten dos derechos reconocidos internacionalmente: el principio democrático, que reconoce el referéndum como una operación democrática, y el derecho de excepción, que les permite sortear al Constitucional, a su juicio.

Según el consejero, el derecho de excepción les permite no cumplir con el derecho interno español porque el Govern ha intentado de «buena fe» pactar el referéndum y, al negarse el Estado, considera que puede elaborar una ley catalana para hacer la consulta. «El Estado se ha negado sistemáticamente a hacer lo que han hecho Escocia y Quebec. Ante esto pondremos las urnas de acuerdo con un parlamento legítimo y democrático que es el Parlament de Cataluña», ha concluido.

Rajoy anunció este lunes que impugnará la ley cuando el Parlament empiece a tramitarla, algo previsto para mediados de agosto, y Rull ha lamentado que acuda «obsesivamente» a la justicia en lugar de abordar la cuestión de forma política.

Si Rajoy cumple con su palabra y el Govern también, esto significa que el Parlament seguirá tramitando la ley pese a que el Constitucional la suspenda, algo que no ha ocurrido nunca hasta la fecha.

Rull ha recomendado el voto presencial de cara al 1 de octubre para evitar posibles trabas del Estado contra los mecanismos que habilite la Generalitat para los que no puedan acudir a votar físicamente. Descartada la votación electrónica, el consejero ha asegurado que la Generalitat buscará facilitar «el voto por correo más que por Correos», previendo que no podrá contar con la colaboración de la empresa estatal.