El informe sobre la violencia de género, aprobado por la Comisión de Igualdad del Congreso el 28 de julio y pendiente de ratificación por el primer Pleno después de las vacaciones de verano, contiene una crítica demoledora a los jueces. «Paradigmático resulta –se lee en el documento– que las órdenes de protección (a las mujeres) hayan descendido más de 20 puntos porcentuales desde 2007 y que muchos juzgados denieguen persistentemente la concesión de órdenes por encima del 90%».

Si la Justicia es la última ratio en la preservación de los derechos humanos y sus titulares, por la razón que fuere, se muestran incapaces de garantizarlos a las mujeres, el pueblo soberano debe exigir medidas contundentes. En lo que llevamos de 2017 han sido asesinadas 33 mujeres que han dejado huérfanos a 16 menores. A ello se añaden los asesinatos de 6 niños y niñas en el contexto de la violencia de género, lo que hace más terrible una situación que obliga a cada cual a cumplir con su deber como profesionales y seres humanos.

El documento elaborado por la subcomisión al efecto, ante la que han comparecido especialistas en los diversos meandros y recovecos del problema, incluidas algunas víctimas, contiene otras críticas a los poderes públicos y al sistema burocrático. Una descalifica directamente a los legisladores por no haber sido capaces de plasmar en ese interminable catálogo de leyes y decretos (más de veinte, contando las autonómicas) los principios claros y básicos del Convenio de Estambul sobre la violencia contra las mujeres. Una vez más se constata el aserto de Montesquieu: demasiadas leyes impiden la aplicación de las necesarias.

El texto aporta 213 medidas, a las que habrá que añadir las contenidas en los votos particulares que sean aprobados por el Pleno. Pero después de todo prevalece como nexo de unión de tan larga ristra de recomendaciones y propuestas la típica mentalidad de los estadounidenses, que lo resuelven todo (o eso creen) con dinero. Y así nos hablan del compromiso de destinar 1.000 millones de euros en los próximos cinco años a combatir esta lacra y paliar sus daños.

Más allá de la petición de la diputada de Ciudadanos Reyes Rivera de que la comisión de seguimiento del pacto (de Estado) contra la violencia de género controle efectivamente el eficaz uso de estos recursos públicos suplementarios y de que su colega del Partido Democrático Europeo de Cataluña (PDECAT) valore el respeto a las competencias autonómicas exclusivas en la materia, el reparto de esos fondos viene a demostrar una vez más que los que más hacen son los que menos reciben.

En este caso los ayuntamientos, que al fin y a la postre son los que facilitan los medios de vida a las mujeres amenazadas (pisos de acogida y otras ayudas para el sustento), sólo recibirán 100 millones de euros en el lustro indicado, mientras las autonomías se repartirán 400 millones y la Administración General del Estado, con sus aparatos burocráticos, observatorios, secretarías de Estado y entes clientelares, los 500 millones restantes.

Si consideramos que, aparte los ayuntamientos, la mayor parte de los servicios servicios sociales, educativos, sanitarios, judiciales y en algunos casos policiales dependen de las comunidades autónomas no hace falta comisión de seguimiento alguna para saber que el reparto es de antemano injusto y resultará poco eficaz.

Ahora que se recopilan listas de canciones machistas (del verano y del invierno) mientras se olvida el papel secundario (cuando no el desprecio y el maltrato) de las mujeres en la mayor parte de los sistemas jerárquicos y de poder de las grandes religiones, no está de más advertir que el daño de la violencia machista viene de lejos y va para largo. La megaencuesta oficial realizada en 2015 puso de relieve que el 21% de las menores de 25 años (una de cada cinco) había sido víctimas de la violencia de su pareja, frente al 9% de las mujeres en general. Mucho más habrá que hacer.