La presencia de los agentes de la Guardia Civil en los arcos de seguridad del aeropuerto de El Prat ha aligerado los retrasos de forma notable en el embarque de pasajeros, a pesar de tratarse hoy del primer día de huelga continuada de 24 horas, y no de meros paros parciales, por parte de los vigilantes de la compañía Eulen, concesionaria de AENA.

Los vigilantes, que rechazaron la última oferta de Eulen ayer domingo, han denunciado la tensión “increíble” que les produce trabajar junto a los agentes de la Guardia Civil, que supervisa su labor. Y han acusado al Gobierno de “ordenar”, y no negociar, la resolución del problema a través de un arbitraje obligatorio, que consideran “ilegal”.

Las colas en El Prat se han visto contenidas enormemente en este primer día de huelga continuada de los trabajadores de Eulen. Aunque molesta para los vigilantes, la presencia de la Guardia Civil parece haber aliviado de forma notable los retrasos en los arcos de seguridad que atienden los huelguistas, sometidos a unos servicios mínimos, fijados por el Gobierno, del 90%.

El Gobierno trabaja con la idea de llevar al Consejo de Ministros de este viernes la solicitud de laudo arbitral que ponga fin a la huelga, ante la ausencia de acuerdo entre los huelguistas y la empresa concesionaria. Por su parte, los trabajadores de Eulen consideran “ilegal” este laudo ya que, afirman, no está en peligro la seguridad en el aeropuerto, que es la condición necesaria para recurrir a un arbitraje cuyo resultado, aunque recurrible, es de obligado cumplimiento.

El conflicto puede extenderse

Por su parte, el sindicato UGT ha criticado la intervención de los agentes de la Guardia Civil en el conflicto de El Prat. Y ha advertido que el conflicto puede extenderse a otros aeropuertos españoles si el Gobierno no trabaja en “un modelo de contratación pública que realmente resuelva el problema”.

Un modelo de contratación que ha recibido también las críticas del sindicato policial SUP cuyo portavoz Ramón Cosío ha recordado que el servicio que presta Eulen “no es una cafetería” por lo que el Gobierno, ha añadido, debe introducir cláusulas de control en los contratos que “garanticen los derechos de los trabajadores” en un servicio “que es de origen público”.

Por su parte, el comité de huelga ha denunciado que los sueldos de los vigilantes de seguridad rondan los 900 euros para las nuevas incorporaciones, algo “inaceptable” para un empresa que obtiene un 39% de beneficio, ha sentenciado.