Los trabajadores de Eulen encargados de la vigilancia de las mesas de facturación y de las terminales en el aeropuerto madrileño Adolfo Suárez-Barajas han descartado hoy ningún tipo de movilización en protesta por sus condiciones de trabajo. La decisión de la asamblea, celebrada este miércoles, censura sin embargo el comportamiento del Gobierno en la resolución del conflicto laboral desatado en El Prat, que mantiene el aeropuerto barcelonés en una tensa espera en las últimas semanas, debido a la huelga de vigilantes en los controles de seguridad.

La decisión de los trabajadores madrileños, sin embargo, no aleja por completo la posibilidad de que el conflicto se extienda por otras instalaciones aeoportuarias. Los sindicatos, una vez que el Gobierno ha optado por impulsar un arbitraje obligatorio que ponga fin a la huelga, y después de que este enviara a la Guardia Civil para aligerar las colas en El Prat, tratan ahora de presionar al Ejecutivo, al que lanzan una advertencia clara.

Si el Ejecutivo prosigue con su idea de fijar un árbitro que dirima el conflicto de El Prta, los sindicatos convocarán una huelga del personal de seguridad en distintos aeropuertos, entre ellos Alicante – el tercero en tráfico en España – y el valenciano de Manises, según ha advertido la federación de servicios de UGT en la Comunidad Valenciana.

Laudo de obligado cumplimiento

Con esta advertencia pendiendo sobre su cabeza, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado esta tarde un Consejo de Ministros extraordinario donde la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ofrecerá detalles sobre el procedimiento de designación de un árbitro que acerque la paz a El Prat, cuyas instalaciones vivieron hoy su tercera jornada de huelga indefinida desde que el pasado lunes diera inicio la protesta, atenuada por la fijación de un 90% de servicios mínimos, y por la presencia de la Guardia Civil en el filtro de seguridad desde el lunes.

En este proceso arbrital, el Gobierno dará un plazo de 24 horas a los trabajadores y la dirección de Eulen para que designen una figura de consenso. Si no se ponen de acuerdo – y ambas partes pueden vetarla –, será el Ejecutivo el que designe, de forma unilateral, un árbitro.

“Se sugiera a quien se sugiera, las dos partes podemos vetar, así que será el Gobierno el que, a falta de consenso, lo imponga”, ha afirmado Juan Carlos Giménez, asesor del comité de huelga de los vigilantes de Eulen en El Prat.

El Gobierno niega el ‘esquirolaje’

Aparte de esta polémica decisión, que puede encrespar los ánimos sindicales, sobresale además otra cuestión en este conflicto, derivada de la presencia de la Guardia Civil en los arcos de seguridad.

Para los sindicatos, la presencia de los agentes vulnera el derecho de huelga de los huelguistas, afirman, mientras niegan además que sea necesaria su intervención justificada en razones de seguridad.

En cambio, el Gobierno niega que los agentes estén supliendo a los huelguistas. Y considera justificada su presencia en razón del nivel de alerta terrorista.

La negativa de los trabajadores de Eulen en Madrid ofrece un respiro al Gobierno de cara a su controvertida decisión. Sin embargo, Eulen, en el aeródromo madrileño, no es la empresa encargada del control de seguridad, allí donde la huelga es más visible, sino Prosegur.

Si el Gobierno sigue adelante con su decisión, la plantilla de Prosegur podría sumarse a la huelga en cumplimiento de la amenaza sindical de extender el conflicto si el Gobierno impone el arbitraje.

En el fondo, los sindicatos desean obligar al Gobierno a incluir en sus procedimientos de contratación administrativa cláusulas que garanticen unos derechos mínimos, pactados en el sector, a los trabajadores de las concesionarias. Y eso a su vez, esa pretensión, choca de lleno con la prevalencia del convenio de empresa que inauguró la reforma laboral ‘popular’ de 2012.