Asimismo, según informan en un comunicado, han manifestado que la «debilidad de las instituciones y de los responsables políticos» en España, ha provocado que la «experiencia», y la «estructura» a nivel nacional de ambos cuerpos en el ámbito de la lucha antiterrorista, haya sido «marginada de forma dolosa en la investigación».

En opinión de los sindicatos policiales, esta debilidad ha permitido a los responsables políticos de Cataluña «transmitir una imagen al exterior de nuestras fronteras de un Estado catalán ‘autosuficiente’, instrumentalizando para ello sin ningún tipo de reparo la seguridad pública, asumiendo por ende los errores y consecuencias que de esta praxis pudieran derivarse».

Como ejemplo del «aislamiento» en la gestión del atentado en Barcelona que el SUP Y la AUGC denuncian, se encuentra, «el impedimento de acceso al equipo TEDAX de la Guardia Civil a la casa de Alcanar tras la explosión, así como el desconocimiento por parte de las autoridades catalanas del hecho de que el Imán de Ripoll fuese discípulo de unos de los principales detenidos en la operación de la Policía Nacional contra el terrorismo yihadista «Chacal I» en el año 2007″, han añadido.

Vulneración de los acuerdos de cooperación

Asuntos estos que señalan, según han precisado, «la flagrante vulneración de los acuerdos de cooperación, así como el deficiente funcionamiento de los mecanismos de comunicación entre las Fuerzas y Cuerpos policiales de nuestro país».

Con todo, SUP Y AUGC han reiterado su apoyo al trabajo llevado a cabo por los Mossos, que «han arriesgado sus propias vidas para proteger la de los ciudadanos».

En este sentido, han reiterado que se hace más «necesaria» una acción conjunta que «no se relegue» la solvencia y el bagaje de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que según apuntan han sido «ninguneadas» en esta ocasión en perjuicio de la Seguridad Pública.