Hacia la moción de censura

24/08/2017

Luis Díez.

Algunas veces conviene dotar de una cierta perspectiva a la acción política, en este caso la iniciativa del PSOE y Podemos, aprobada con el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes en la Diputación Permanente del Congreso que obligará al jefe del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, a someterse a un pleno extraordinario sobre la trama Gurtel de corrupción. En diciembre de 2015 hubo elecciones. Ganó el PP aunque no pudo formar gobierno. En julio de 2016 hubo elecciones y volvió a ganar el PP y esta vez sí logró formar gobierno, aunque por la mínima, en segunda votación y después que Susana Díaz y los principales barones regionales del PSOE echaran de mala manera a Pedro Sánchez de la secretaría general del partido e impusieran la abstención para facilitar la gobernación.

Quiere decirse que si la derecha ganó las generales dos veces consecutivas en menos de un año, aunque perdió la mayoría absoluta, debió de ser porque los electores ya habían descontado el castigo de la corrupción de la montaña de estragos sociales perpetrados por los genuinos representantes del capital y la patronal durante la crisis. De hecho, descontaron los abusos y latrocinios allí donde más los sentían, en los ayuntamientos y las autonomías. Recuérdese el cambio del color del mapa en mayo de 2015 del azulón PP al rojo y morado del PSOE y Podemos. El desalojo de la derecha fue espectacular, salvo en las autonomías de Madrid, Murcia y Castilla y León, donde la muleta de Ciudadanos les ha permitido seguir gobernando «monitorizados» como gusta decir Albert Rivera.

¿Qué eficacia tiene, con esta perspectiva, la comparecencia del presidente Rajoy en un pleno extraordinario sobre la trama Gurtel, probablemente el 30 de agosto próximo? Rajoy compareció a finales de julio como testigo ante el tribunal que juzga el caso y dijo lo que cabía esperar, que no sabía nada ni se enteraba de nada. Lo sentaron en una silla cómoda ante una mesa en el estrado, al mismo nivel que el propio tribunal, algo insólito. Algunos tan serios como Pablo Iglesias dedujeron del sainete algo tan elemental como que una persona que no se entera de nada no está capacitada para gobernar. El propio Iglesias había protagonizado fechas antes una moción de censura para echarlo del gobierno porque el traje y la máscara del gobernante presentaban algo más que lamparones, la costra acumulada. La moción se quedó en un flautus vocis, un quiero y no puedo.

El sentido que ahora tiene el comienzo del curso político con el mismo sonido más parece de campanario que mirada al futuro. Pero conviene apuntar un fundamento oculto o sorpresivo en el badajo, que no es otro que la moción de censura prometida por el socialista Sánchez, para quien el desalojo de Rajoy sigue siendo una cuestión urgente para abordar el futuro de este país. Después de los atentados yihadistas en Barcelona que, se quiera o no, han dejado el procès y el referendum en segundo plano, parece llegada la hora de abordar la reforma del sistema de poder territorial con un modelo contrastado y racional como el federal. Rajoy ofreció la formación de un grupo de expertos para reformar la Constitución, pero no ha pasado de las palabras a los hechos. De hecho, no tiene ni gana ni intención de moverse. O como dijo Guerra: «No tiene condiciones». Aunque el sábado se manifiesten todos (no se sabe si irán Pujol, Mas y los expresidentes de Gobierno que cobran pagas vitalicias en concepto de representantes) en un acto unitario contra el terrorismo en Barcelona, la mayoría de los catalanes y del resto de los españoles opinan (atentos a las encuestas de próxima difusión) que los creadores del problema no son la solución. Otra política es menester.

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